El chat que se cortó justo el día del crimen de Érika: qué encontraron en el celular de El Militar
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El chat que se cortó justo el día del crimen de Érika: qué encontraron en el celular de El Militar

Los chats entre Felipe Sosa y Justina Gordillo se cortaron el 7 de enero, el mismo día de la muerte de Érika. La querella sospecha que borraron mensajes comprometedores. Qué encontraron en el celular de El Militar.

Los mensajes de WhatsApp entre Felipe Sosa, acusado del femicidio de Érika Antonella Álvarez, y Justina Gordillo, imputada por encubrimiento, se interrumpieron el 7 de enero, el mismo día en que la joven murió en una vivienda de Yerba Buena. La ausencia de comunicaciones posteriores encendió las alarmas en la investigación y llevó a la querella a sostener que ambos podrían haber borrado conversaciones que los comprometían.

El dato salió a la luz en el juicio por el crimen, a partir del testimonio de Javier Hidalgo, perito del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que analizó los registros recuperados del teléfono del principal acusado.

Los mensajes incorporados como prueba dejan ver una relación atravesada por discusiones de pareja, reproches por presuntas infidelidades, expresiones que los investigadores vinculan con violencia de género y charlas sobre cuestiones económicas, familiares y empresariales.

El detalle que llamó la atención

Los contactos entre Sosa y Gordillo terminaron el 7 de enero. En cambio, el acusado siguió intercambiando mensajes con Nicolás Navarro Flores hasta el 14 de ese mes, apenas dos días antes de que lo detuvieran en Buenos Aires.

Para Carlos Garmendia, abogado de la familia de Érika y representante de la querella, esa diferencia podría deberse a una eliminación deliberada de conversaciones comprometedoras. Según su interpretación, los acusados habrían conservado solo aquellos intercambios que podían favorecer sus estrategias defensivas. El letrado anticipó que durante el debate declarará un especialista para aportar elementos técnicos sobre esa hipótesis, que deberá evaluar el tribunal.

Así era la relación, según los chats

Los mensajes recuperados permiten reconstruir cómo era el vínculo entre Sosa y Gordillo en las horas previas a la interrupción. El primer intercambio que destacó el perito se registró entre las 0.54 y las 0.55 del 7 de enero.

Gordillo le expresó su malestar por el trato que recibía, le dijo que estaba cansada de las mentiras y de las presuntas infidelidades, y le reprochó que la hubiera hecho sentir despreciada. También le explicó que había decidido alejarse por respeto hacia sí misma.

Sosa negó haber mentido y le aseguró que quería continuar la relación, aunque también usó expresiones de contenido sexual y tono agresivo. Para los investigadores, esos mensajes son relevantes porque muestran una relación con conflictos, reclamos afectivos y comportamientos que podrían constituir manifestaciones de violencia de género.

De la pareja a la administración

Pocos minutos después, entre la 1 y la 1.30, la conversación pasó a temas administrativos. Sosa le pidió a Gordillo una foto de documentación sobre matrículas y cuotas del establecimiento educativo San Patricio, que necesitaba enviar a una profesional identificada como Remis. La mujer le mandó la imagen, donde figuraban dos matrículas y cuatro cuotas de $ 445.000.

El acusado agradeció y empezó a explicarle cómo pensaba presentar información sobre sus ingresos y obligaciones económicas. En ese contexto mencionó un conflicto con su ex esposa, a quien responsabilizaba por una situación que consideraba perjudicial para sus finanzas.

Los investigadores interpretaron que ese intercambio demostraba la participación habitual de Gordillo en la organización de asuntos personales y administrativos de Sosa, y que las conversaciones podían aportar información sobre las características de la relación y las posibles diferencias de poder entre ambos.

A la 1.33, Sosa profundizó las instrucciones y le pidió que armara un cuadro con el detalle de sus ingresos mensuales. Indicó que debía incluir aproximadamente $750.000 de su salario y otros ingresos vinculados con su actividad como monotributista, que estimó en alrededor de $3 millones. También solicitó incorporar los gastos de tarjetas de crédito, las dificultades que atravesaban sus empresas por la ausencia de Florencia, los problemas con firmas y moratorias y cuestiones vinculadas con un juicio por alimentos.

En esa misma conversación mencionó a una persona llamada Dolores, de quien sostuvo que debería haber iniciado antes una acción judicial por alimentos. Además, expresó su intención de organizar la documentación hasta fines de febrero para afrontar los trámites pendientes. Gordillo respondió brevemente que había entendido las indicaciones.

Para los investigadores, el contenido de esos mensajes es otro indicio de que la funcionaria judicial colaboraba con Sosa en la preparación de documentación relacionada con sus asuntos familiares, económicos y empresariales.

La conversación siguió con pedidos cotidianos. El acusado le consultó si podía averiguar horarios de atención de un comercio para comprar productos de la marca Saphirus para ambas viviendas, y también le encargó adquirir un elemento ortopédico y una prenda de vestir. Los analistas consideraron que esos pedidos formaban parte de una dinámica en la que Gordillo asumía distintas tareas personales a solicitud de Sosa.

El poder de administración general

El intercambio más relevante desde el punto de vista patrimonial se produjo durante la tarde del 7 de enero, alrededor de las 17.51. Sosa le informó que había hablado con una escribana de apellido Saldarriaga para avanzar en la confección de un poder de administración general a favor de Gordillo.

Según le explicó, el documento le permitiría realizar operaciones bancarias y otras gestiones vinculadas con tres de sus empresas, aunque inicialmente quedaría excluida una sociedad por acciones simplificada. Para completar el trámite, le pidió una foto de su documento nacional de identidad.

Sosa justificó la decisión diciendo que, con ese instrumento, Gordillo podría retirar dinero de una entidad bancaria cuando él no estuviera en condiciones de hacerlo personalmente desde Yerba Buena.

La funcionaria judicial aceptó la propuesta y agradeció la confianza, aunque sugirió dejar constancia escrita de que los fondos pertenecían exclusivamente al empresario. Sosa respondió que el otorgamiento del poder se basaba en la confianza que mantenían y manifestó que no sospechaba que ella pudiera apropiarse del dinero.

Ese intercambio generó interpretaciones contrapuestas entre las partes. María Florencia Abdala y Camilo Atim, abogados defensores de Gordillo, consideran que los mensajes respaldan la postura de que su representada no buscaba obtener beneficios económicos mediante las facultades de administración que Sosa pretendía otorgarle. Desde esa perspectiva, el pedido de documentar la propiedad de los fondos demostraría que la funcionaria judicial procuraba dejar claramente establecida la titularidad del dinero.

La acusación, en cambio, sostiene una interpretación diferente. Los representantes de la parte acusadora consideran que esas comunicaciones podrían haberse producido después de que ambos recibieran asesoramiento jurídico y plantean que su contenido habría sido elaborado teniendo en cuenta las posibles consecuencias judiciales. Esa hipótesis se relaciona con las sospechas sobre la desaparición de otros mensajes posteriores al 7 de enero.

Sin embargo, la eventual eliminación deliberada de conversaciones y la finalidad que habrían tenido los intercambios conservados son cuestiones que deberán ser acreditadas mediante pruebas técnicas y testimoniales.

La comparación con Navarro Flores

La diferencia con los contactos que Sosa mantuvo con Navarro Flores es otro elemento de interés para la investigación. Mientras las comunicaciones con Gordillo terminaron el 7 de enero, el acusado siguió intercambiando mensajes con Navarro Flores durante una semana más.

Este último fue el primer condenado en la causa por el femicidio de Érika, después de reconocer su participación en maniobras destinadas a encubrir lo sucedido. Los registros recuperados de esas conversaciones incluyen referencias a encuentros, posibles movimientos del acusado y reclamos económicos, cuestiones que también forman parte del análisis judicial.

La comparación entre ambos conjuntos de mensajes podría contribuir a establecer qué ocurrió después de la muerte de Érika, cómo se relacionaron los involucrados y qué conocimiento tenía cada uno sobre los acontecimientos investigados.

El tribunal deberá evaluar especialmente el alcance de las comunicaciones vinculadas con la administración de empresas, la situación patrimonial de Sosa y las circunstancias en las que Gordillo habría aceptado asumir responsabilidades sobre sus operaciones bancarias. También tendrá que determinar si la interrupción de los mensajes respondió a una decisión de los involucrados de dejar de comunicarse por esa aplicación o si existieron maniobras destinadas a eliminar información relevante para la causa.

Por el momento, los registros presentados por el perito Hidalgo constituyen elementos de prueba que serán confrontados con las declaraciones de los acusados, los testimonios y las demás evidencias incorporadas al expediente. La investigación continúa centrada en establecer la responsabilidad de Sosa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez y determinar si Gordillo intervino en acciones destinadas a ocultar información o favorecer al principal acusado después del crimen.

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