El cierre de una planta de Cargill que dejó a 30 familias sin trabajo y el trasfondo de las comisiones irregulares

¿Qué pasó realmente en la planta de Cargill en Arribeños? 30 familias perdieron su fuente de trabajo y hay denuncias de comisiones ilegales. Los detalles que pocos conocen.

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El cierre de una planta de Cargill que dejó a 30 familias sin trabajo y el trasfondo de las comisiones irregulares
El cierre de una planta de Cargill que dejó a 30 familias sin trabajo y el trasfondo de las comisiones irregulares

La multinacional agroexportadora Cargill decidió cerrar su planta de acopio en Arribeños, partido de General Arenales, dejando a 30 familias en la calle y generando una crisis social y económica en la región. Lo que comenzó como un reclamo de transportistas terminó con la clausura de una instalación con más de 25 años de actividad.

El conflicto estalló cuando los fleteros denunciaron a un representante de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por operar como intermediario forzoso sin brindar un servicio logístico real. Según Cristian Cardoso, vocero de los afectados, “este personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real”. Las 30 familias fleteras decidieron separarse de esa persona por las condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron sin trabajo.

¿Qué hay detrás de las comisiones irregulares?

La denuncia más grave apunta a un esquema de comisiones informales: los choferes aseguran que se les exigía pagar un 3% “en negro” sobre el valor de cada carga para poder trabajar. Al negarse a convalidar estas condiciones, la empresa y el intermediario interrumpieron totalmente las asignaciones de flete. Desde CATAC, su presidente Ramón Jatip negó las acusaciones y afirmó que los transportistas “se fueron voluntariamente” y que “no había un transporte en el medio que cobrara o pagara”.

Por su parte, Cargill argumentó que la asignación de cargas responde a “criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación”. El Municipio de General Arenales calificó el hecho como “un problema de índole privado” y de “no competencia municipal”, dejando a los trabajadores sin respaldo institucional.

Un impacto que va más allá de los camioneros

El cierre de la planta no solo afecta a los fleteros, sino que arrastra a mecánicos, comercios y proveedores de insumos de todo el distrito. Mientras la multinacional se ampara en la libertad de mercado, los trabajadores insisten en una mesa de diálogo “orgánica, pacífica y transparente” que hoy parece lejana ante la ausencia de un marco que obligue a negociar de buena fe.

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