El circuito de "prostitución VIP" en Salvador Mazza: la Corte dejó firmes las condenas contra los administradores de Terra Nostra

Las defensas de los administradores de Terra Nostra agotaron todas las instancias para revertir sus condenas. La Corte Suprema tenía la última palabra y su respuesta terminó de definir el futuro judicial de los acusados en el caso de "prostitución VIP" en Salvador Mazza.

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El circuito de "prostitución VIP" en Salvador Mazza: la Corte dejó firmes las condenas contra los administradores de Terra Nostra
El circuito de "prostitución VIP" en Salvador Mazza: la Corte dejó firmes las condenas contra los administradores de Terra Nostra

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos de las defensas de Roberto Quintián y Mercedes Baigorria, señalados como administradores del bar Terra Nostra en Salvador Mazza, y de esa manera quedaron firmes las condenas a cinco años y seis meses de prisión para ambos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron las presentaciones por cuestiones formales. Así, la sentencia que había dictado el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta y que luego revisó la Cámara Federal de Casación Penal quedó definitivamente vigente.

Qué se probó en el juicio

La causa se originó en 2013 a partir de denuncias anónimas que pusieron la lupa sobre varios locales nocturnos de la ciudad salteña. La investigación derivó en allanamientos, secuestro de documentación y el rescate de más de 30 mujeres en procedimientos realizados en agosto de ese año.

Durante el debate oral se tuvo por acreditado que algunos bares funcionaban como puntos de contacto entre las mujeres y los clientes para contratar servicios sexuales que, en numerosos casos, se concretaban después en hoteles de la zona.

Los pesquisas secuestraron cuadernos y registros con nombres, horarios, montos y referencias a los denominados "pases", además de documentación vinculada con las mujeres que trabajaban en los establecimientos. La acusación sostuvo que parte del dinero generado por esa actividad quedaba en manos de quienes administraban los locales.

Para la Fiscalía, las mujeres atravesaban situaciones de vulnerabilidad económica, familiar y social, un punto que luego fue clave como agravante al momento de fijar las penas.

Las condenas y el fallo absolutorio

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta condenó en abril de 2025 a Quintián y Baigorria como coautores de facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación de la prostitución, en ambos casos agravados por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. La misma pena de cinco años y seis meses recayó sobre ambos.

En ese juicio, Viviana Nancy Gómez, vinculada a otro de los establecimientos investigados, recibió cinco años de prisión como partícipe necesaria de los mismos delitos. El tribunal estuvo integrado por Gabriela Elisa Catalano, Domingo José Batule y María Alejandra Cataldi.

En tanto, el exintendente de Salvador Mazza Carlos Villalba, que había llegado al banquillo imputado por trata de personas con fines de explotación sexual, fue absuelto por falta de pruebas. Los jueces consideraron que no había elementos suficientes para acreditar con el grado de certeza requerido su responsabilidad penal. La decisión marcó una diferencia entre su situación y la de los responsables de los locales donde sí se comprobaron las maniobras de facilitación y explotación económica.

Más de una década de investigación

Las primeras denuncias anónimas alertaban sobre una supuesta red de "prostitución VIP" en bares de Salvador Mazza. Con el correr del expediente, la entonces AFIP —hoy ARCA— se incorporó como querellante. Las tareas incluyeron controles, intervenciones y allanamientos que permitieron reunir documentación sobre el funcionamiento económico de los establecimientos.

El caso llegó a juicio más de diez años después de los primeros procedimientos. Tras las condenas, las defensas recurrieron a distintas instancias: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos y el expediente terminó en la Corte Suprema, que también desestimó las presentaciones por falencias formales.

Con esa decisión se cierra la vía recursiva ordinaria y quedan confirmadas las penas de cinco años y seis meses de prisión para los dos administradores vinculados a la causa.

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