El clan de Báez en Santa Cruz: las 7.000 ovejas y un contrato que la Justicia no logra explicar
Una causa federal en Santa Cruz revisa contratos ganaderos, alquileres y transferencias que, según la Fiscalía, siguieron moviendo los bienes de Lázaro Báez mientras estaba preso. Los nombres que aparecen en el expediente y el dato que la Justicia todavía no logra explicar.
La Justicia federal de Santa Cruz avanza sobre un entramado que, según la Fiscalía, siguió funcionando aun con Lázaro Báez preso. Contratos ganaderos, transferencias millonarias y propiedades en Río Gallegos y El Calafate están bajo la lupa en una causa por presunto lavado de activos y narcotráfico que ya tiene 16 imputados.
El expediente lo lleva el fiscal federal de Río Gallegos Julio Zárate. La hipótesis central: determinar si el empresario continuó administrando bienes alcanzados por medidas judiciales y si algunas operaciones comerciales sirvieron para mover fondos fuera de los controles correspondientes.
La reconstrucción de la documentación judicial fue publicada por TN e Infobae. Allí aparecen tres piezas que concentran la atención: un alquiler de $2 millones mensuales, un acuerdo por 7.000 ovejas y giros por $26,2 millones.
«Budín», el arrendatario de la estancia
El nombre que más se repite es el de Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como «Budín». La Fiscalía lo señala como presunto operador territorial de Báez y lo vincula con la conducción de una organización investigada por tráfico de cocaína en Santa Cruz.
Según la documentación difundida, Ibáñez figura como arrendatario de la estancia La Entrerriana, un establecimiento ligado a Austral Agro S.A. El contrato arrancó el 1 de mayo de 2026, con una duración prevista de tres años y un alquiler de $2 millones por mes.
Pero hay un dato que llamó la atención de los investigadores: una planilla secuestrada en la causa registra una deuda de $12 millones atribuida a Ibáñez por esos mismos alquileres. Para la Fiscalía, eso podría indicar si el contrato era una operación comercial genuina o una forma de mantener el control económico sobre bienes alcanzados por la Justicia.
Madre, hijo y 7.000 ovejas
Otra operación examinada involucra a Paula Beatriz Godfrid y su hijo Mauro Gastón Trevisan Godfrid. La Fiscalía les atribuye participación en un presunto circuito de justificación financiera.
El documento clave es un contrato firmado el 22 de marzo de 2025 entre Austral Agro S.A. —representada entonces por su presidenta María Belén Casafúz Parada— y Paula Beatriz Godfrid. El convenio contemplaba la entrega de 7.000 ovejas para cría, engorde y esquila en la estancia Coronel Guarumba, que se sumaban a otras 1.000 cabezas de Austral Agro.
La empresa debía aportar los campos para el pastoreo, el personal y los recursos para cuidar a los animales. La investigación también revisa transferencias de Godfrid y su hijo a Ibáñez: según la reconstrucción periodística, los movimientos sumaron $26,2 millones entre abril y octubre de 2026.
Parte de ese dinero habría ido después a cuentas vinculadas con Claudia Noemí Insaurralde y Fausto Ignacio Devetac. Los investigadores buscan esclarecer el origen, el destino y la justificación comercial de esos giros. Un contrato ganadero o una transferencia bancaria, por sí solos, no constituyen prueba de un delito.
La escucha: 600 ovejas sin papeles y 10.000 dólares
Las actuaciones también incorporaron una conversación del 20 de octubre entre Ibáñez y Oscar Núñez, mencionado por la Fiscalía como presunta contraparte en operaciones de disposición de bienes y relevamiento de establecimientos rurales.
Según las escuchas difundidas, Ibáñez habría consultado a Núñez por el valor de unas 600 ovejas y mencionado la existencia de animales sin documentación. En el mismo diálogo se habría planteado vender un lote de lana para obtener unos 10.000 dólares en efectivo.
Los investigadores analizan si hubo un intento de comercializar producción ganadera por fuera de los controles. La conversación no acredita que los animales se hayan vendido ni que el dinero se haya cobrado.
La pareja de Báez y los Devetac
Claudia Noemí Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, aparece señalada por la Fiscalía como parte de la conducción de la presunta estructura que habría seguido administrando bienes del empresario.
Otro imputado es Fausto Ignacio Devetac, a quien los investigadores le atribuyen tareas logísticas vinculadas con establecimientos rurales, propiedades y operaciones comerciales. También figura Valentina Micaela Devetac, pareja de Ibáñez, investigada por el presunto uso de cuentas y billeteras virtuales para recibir y mover fondos.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Báez habría dado instrucciones telefónicas desde el penal de Ezeiza para intervenir en la administración de propiedades y explotaciones agropecuarias. En un allanamiento en su celda aparecieron contratos, registros de deudores y una hoja manuscrita encabezada con la inscripción «EL CLAN», con nombres ligados a la estructura investigada. Las responsabilidades individuales deberán definirse en el proceso.
Qué pasó con Austral Agro
La sociedad también tuvo cambios internos. El Boletín Oficial del 25 de septiembre de 2026 publicó que una asamblea de accionistas aceptó la renuncia de María Belén Casafúz Parada a la presidencia, comunicada por telegrama el 8 de julio de 2025.
En esa asamblea, del 17 de septiembre de 2026, se designó presidenta a Karina Ana Paula Teves, director titular a Atilio Horacio Carrizo y directora suplente a Zulma Elizabeth Figueredo. El cambio es un hecho societario documentado y no implica que los nuevos directivos hayan participado de las maniobras investigadas.
Para la Justicia, el dato importa porque ahora intenta establecer quién tenía el control efectivo de la empresa y cómo se administraban sus activos.
Empresas, estancias y propiedades bajo la lupa
El informe del Ministerio Público Fiscal identifica varias sociedades y bienes examinados: Austral Agro S.A., Kank y Costilla S.A. y las estancias La Entrerriana, Alquinta y Cruz Aike.
En Río Gallegos, la investigación alcanza a unidades del edificio Koonek, sobre la calle Zapiola. Según la Fiscalía, cinco de esas unidades figuran inscriptas a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También se revisan alquileres ligados a tres empresas, dos galpones cuya disposición se habría pactado por $250 millones y una propiedad sobre la costanera de El Calafate. El expediente busca determinar quién administraba esos activos y a dónde fueron los ingresos.
La liquidación de Austral Agro
En paralelo, el Tribunal Oral Federal N.º 4 resolvió avanzar con la liquidación de las acciones de Austral Agro S.A. para ejecutar las sanciones económicas firmes impuestas a sus titulares en la causa Ruta del Dinero K.
Según el libro societario, Lázaro Báez tiene el 70% de las acciones y su hijo Martín Báez el 30% restante. La jueza Valeria Rico ordenó inscribir el paquete accionario a nombre del Estado Nacional y pidió que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asuma con urgencia el control operativo de la sociedad.
El organismo deberá informar los avances de su intervención en diez días hábiles, mientras peritos de la Corte Suprema harán una valuación patrimonial de la firma y sus activos. La resolución puede ser apelada. La medida es relevante porque Austral Agro también aparece en la investigación de Santa Cruz por presunta administración irregular de bienes.
Los números que la Justicia deberá explicar
La causa acumula 16 personas imputadas en dos investigaciones conexas. El juez federal Claudio Marcelo Vázquez dispuso 12 prisiones preventivas y otras medidas procesales.
La Fiscalía investiga un flujo económico estimado en $390.880.000, presuntamente vinculado con las maniobras de lavado de activos atribuidas a la organización.
El expediente deberá definir si las actividades agropecuarias, inmobiliarias y financieras examinadas eran operaciones legítimas o si sirvieron para ocultar movimientos de dinero y eludir medidas judiciales. El interrogante sigue abierto: qué pasó con los ingresos de las estancias, empresas y propiedades de Báez en Santa Cruz, quiénes intervinieron en su administración y qué responsabilidades penales podrán acreditarse.