El COKIMEN expone en redes a los falsos kinesiólogos de Mendoza: la Justicia tarda y ellos responden así
En Mendoza, los kinesiólogos habilitados libran una pelea contra quienes atienden sin título ni matrícula, y la Justicia no siempre responde. El colegio profesional encontró una herramienta que da resultados más rápido que los expedientes: los nombres de los falsos profesionales empiezan a circular por las redes, y no todos lo toman bien.
El Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Mendoza (COKIMEN) libra una batalla silenciosa contra el intrusismo profesional y, ante la lentitud de la Justicia, decidió pasar a la acción directa: publicar en sus redes sociales los nombres de quienes ejercen sin habilitación. Así lo confirmó su presidente, Esteban González Mazzei, en diálogo con Sitio Andino.
La institución, que regula el ejercicio de la profesión desde septiembre de 2007, cuando quedó atrás el marco general del Ministerio de Salud de la Nación, advierte que el problema no se limita a una figura en particular. También alcanza a técnicos en kinesiología, masajistas y dueños de centros de estética o consultorios que contratan personal sin habilitación.
Un título que no existe
González Mazzei fue tajante al referirse a las categorías de técnico, ayudante o auxiliar en kinesiología: no cuentan con validez sanitaria ni aval del Ministerio de Salud. “En términos concretos, no existen”, afirmó.
La advertencia se extiende a los institutos y centros de formación que ofrecen esas titulaciones y a las supuestas matrículas que no tienen respaldo oficial. Para ejercer legalmente en Mendoza se necesita un título universitario reconocido en Argentina —como los que expide la Universidad Nacional de Cuyo— y cumplir con los requisitos de matriculación y colegiación que exige la normativa provincial.
“No se dejen estafar, porque esto es una promoción del ejercicio ilegal de la profesión cuando ofrecen estos cursos en donde les dicen que van a poder atender pacientes y tratar a personas con lesiones o alguna enfermedad”, sostuvo el presidente del colegio.
Redes sociales, el nuevo frente de batalla
El COKIMEN no maneja estadísticas sobre cuántos casos de ejercicio ilegal existen en la provincia, pero muchos se hacen visibles en Instagram y otras plataformas, donde se prometen soluciones rápidas y de bajo costo. Ante la demora de las causas judiciales, la institución complementa las denuncias penales con publicaciones institucionales que exponen, con nombre y apellido, a quienes ofrecen servicios sin estar habilitados. También pueden mencionar a los institutos donde trabajan, sobre todo cuando sus responsables no verifican la documentación del personal contratado.
“Si no están en nuestros registros, lo que nosotros hacemos es una publicación en nuestras redes sociales institucionales en donde decimos que tal persona no está habilitada para ejercer legalmente las prácticas que ofrece en sus redes sociales y en la del instituto”, explicó Mazzei.
Según el directivo, esas publicaciones suelen generar respuestas rápidas. “A la persona que hemos expuesto en redes, siempre les llega la información. A veces tenemos respuestas enojadas o algunos les da miedo, otros directamente no se comunican o nos enteramos que los desvincularon del instituto donde trabajaban. Es a lo que apuntamos, porque la Justicia es más lenta y un poco más ineficiente”, remarcó.
Los propios profesionales matriculados también cumplen un rol clave: comparten y viralizan las advertencias entre sus pacientes sobre los riesgos de recurrir a personas sin formación habilitada.
Mala praxis y causas que no avanzan
González Mazzei advirtió que atenderse con alguien sin la formación adecuada expone al paciente a prácticas realizadas por quien podría no conocer “los conceptos y las técnicas mínimas que se requieren para llevar a cabo una profesión relacionada con la salud de las personas”.
La diferencia con un profesional matriculado aparece a la hora de un reclamo: los habilitados cuentan con un seguro para responder ante casos de mala praxis. “Directamente, en estos casos, se arreglaría con Defensa del Consumidor o algún reclamo legal por daños y perjuicios, pero se pierde la parte deontológica que es la que hace el colegio de kinesiólogos y el Ministerio de Salud”, explicó.
En el plano penal, el directivo mencionó los artículos 208 y 247 del Código Penal argentino, que contemplan el ejercicio ilegal de actividades profesionales y sus posibles sanciones. Sin embargo, desde el colegio manifestaron su preocupación por la demora judicial: “La Justicia no funciona realmente como nosotros esperaríamos y como debería”, afirmó Mazzei.
Algunas causas avanzan y otras quedan paralizadas. Como ejemplo, relató el caso de una persona que cursó hasta segundo año de la carrera de Kinesiología, no continuó sus estudios y habría generado un título universitario y una matrícula falsos. “Esa causa no avanzó. Lamentablemente, cuesta que lleguen a buen puerto”, señaló.
Cómo verificar y denunciar
El colegio hizo un llamado a la población mendocina para incorporar el hábito de verificar las credenciales de los profesionales que la atienden, una precaución que también debería extenderse a médicos, psicólogos, fonoaudiólogos y odontólogos.
En la página web oficial del COKIMEN hay una sección con el listado de profesionales habilitados en la provincia, identificados por nombre y apellido. Otra vía es comunicarse por correo electrónico o teléfono para consultar la situación de un profesional o recibir orientación.
Para denunciar a quienes ejercen sin matrícula habilitante, desde el colegio recomendaron realizar una denuncia penal en línea a través de la página del Ministerio Público Fiscal.
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