El Colegio de Abogados de Tucumán lleva la reforma judicial a la Justicia: ¿qué hay detrás del reclamo?

El Colegio de Abogados de Tucumán decidió dar pelea judicial contra la reforma integral del Poder Judicial provincial. La entidad presentará una demanda para que se declare inconstitucional la nueva Ley Orgánica N° 6238, sancionada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo. El argumento central: la pérdida de especialización de los magistrados y una supuesta violación a la garantía del juez natural.

La noticia sacudió el ámbito político y judicial tucumano. La acción fue confirmada por el titular del Colegio, Alberto López Domínguez, y recayó en el constitucionalista Christian Alberto Cao, un peso pesado del derecho público con formación internacional.

¿Qué cambia con la nueva ley?

La reforma, impulsada por los legisladores Mario Leito, Walter Berarducci, Carolina Vargas Aignasse y Rodolfo Ocaranza, con el respaldo de Roque Tobías Álvarez, modifica más de 20 artículos de la Ley 6238. También toca el Código Procesal Penal (Ley 8933) y la Ley de Competencia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes (9119).

El punto más conflictivo es el abandono de la asignación material única por juzgado o cámara. Ahora, un mismo órgano podrá intervenir en distintas materias, según las necesidades de cada centro judicial. Para el Colegio, esto diluye la especificidad técnica que exige la resolución de litigios.

Reorganización en la capital y el interior

En el Centro Judicial Capital, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común se unificará con la Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones. Quedará un tribunal con cinco salas de tres integrantes cada una. El Colegio de Jueces Penales pasará a tener 38 magistrados, con asignaciones específicas en menores y ejecución penal. El Tribunal de Impugnación subirá a nueve miembros y habrá 15 juzgados en lo Civil en Familia y Sucesiones.

En el interior, el panorama es distinto. En Concepción, el Colegio de Jueces Penales se reduce a 14 miembros y las salas laborales quedarán con dos vocales. En Monteros, habrá cinco jueces penales y se fusionará el juzgado en lo Civil y Comercial Común con el de Documentos y Locaciones.

Competencias territoriales y nuevos roles

La ley también redefine el territorio de actuación. Los jueces de ejecución penal de la capital extenderán su jurisdicción al Centro Judicial Este, mientras que el magistrado de Concepción absorberá Monteros. En materia de niñez y adolescencia, los jueces tendrán competencia en toda la provincia con dedicación excluyente.

Otro cambio importante: las sanciones administrativas y multas ya no serán revisadas por los juzgados contravencionales, sino por el fuero contencioso administrativo, al considerarlas actos administrativos sancionatorios. Además, los Juzgados de Paz Letrados ganan competencias en divorcios sin efectos patrimoniales, alimentos provisorios, desalojos por falta de pago, medidas urgentes de protección y litigios de consumo.

Cambios en el proceso penal

En lo penal, el Tribunal de Impugnación tendrá plazos más cortos para resolver: entre tres y cinco días, prorrogables a diez en causas complejas. La designación de jueces suplentes se restringe a casos excepcionales y se amplía el juicio abreviado múltiple.

La defensa del Colegio estará a cargo de Christian Alberto Cao, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Administración Pública y profesor en la UBA. Su tarea: frenar la aplicación de estas disposiciones, cuya reglamentación quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.