El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos calificó de "traje a medida" el nuevo Código Procesal Laboral
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos salió a marcar los tres puntos que consideran más peligrosos del proyecto oficial. Uno de ellos, dicen, deja a los trabajadores sin una garantía clave para cobrar lo que ganaron en juicio.
José Ruiz, director del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, cuestionó el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura y advirtió que la iniciativa beneficia a las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART) en detrimento de los trabajadores. En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, el abogado sostuvo que la norma "es un claro retroceso que expone a la Argentina en esta materia" y anticipó que lejos de reducir los juicios, los multiplicará.
Los tres ejes que preocupan
Según explicó Ruiz, desde la entidad analizaron el proyecto en tres puntos centrales. El primero es la eliminación del requisito de admisibilidad al recurso de apelación de una sentencia condenatoria, que exigía depositar el capital histórico más un 30%. El segundo es el establecimiento de un tope de honorarios para los peritos auxiliares. El tercero es la creación de un cuerpo médico especializado para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, integrado por tres médicos con especialidad en medicina forense o laboral que atenderían en Paraná para toda la provincia.
La garantía que se pierde
"Para nosotros, se trata de una reforma regresiva en cuanto a que se quita una garantía al trabajador que había obtenido, después de haber sustanciado un juicio, una sentencia favorable", afirmó Ruiz. Y agregó: "En este proyecto, se quita la garantía de que se establezca sobre quién era condenado la obligación de afianzar la deuda que tenía, deuda que había sido reconocida en juicio, más allá de la apelabilidad de la sentencia, que todos tienen derecho a que sea revisada".
El abogado vinculó ese depósito con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege el trabajo. "Entendemos que en el contexto de crisis económica y de una regresiva legislación que se viene dando, ya sea en cuestiones de derecho de fondo, pero ahora también en el derecho de forma, esta reforma es algo sumamente regresivo, algo que expone al gobierno de Entre Ríos a la responsabilidad internacional", advirtió.
Un "traje a medida" para las ART
Ruiz apuntó contra la creación del cuerpo médico especializado y consideró que la reforma "es un traje a medida para las ART, que son las responsables de pagar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales". Recordó que el antecedente de la Comisión Médica muestra demoras y deficiencias en su funcionamiento.
"Estas medidas que se proponen no van a reducir la litigiosidad. Por el contrario, las van a aumentar, porque se está quitando una garantía al trabajador y el trabajador tiende naturalmente a defenderse, como cualquier persona que se ve atacada en sus derechos", destacó.
La "industria del incumplimiento"
El director del Instituto de Derecho Laboral rechazó el argumento de la "industria del juicio". "Entiendo que los títulos son rimbombantes y son muy atractivos. Pero lo que se denomina 'industria del juicio' tiene un origen en lo que es un incumplimiento por parte de las patronales; es trabajo mal registrado, eficientemente registrado en cuanto a la fecha, la categoría, el horario, jornada. Y entonces eso genera inevitablemente litigiosidad. Es lo que nosotros decimos que es la industria del incumplimiento", explicó.
En esa línea, señaló que si crece la litigiosidad contra las ART es porque hay aseguradoras que no cumplen con las prestaciones médicas. "Nosotros desde hace por lo menos dos o tres años a esta parte hemos advertido un incumplimiento notable", afirmó.
Más juicios, no menos
Ruiz fue enfático al pronosticar el efecto de la reforma. "En lugar de reducir la litigiosidad, la va a aumentar. Yo le puedo asegurar que la va a aumentar. No hay que ser un genio para darse cuenta de esto. Tenemos una crisis económica, a eso se agregan leyes de flexibilización, sumado al hecho de que hemos perdido 350.000 puestos de trabajo, y es lógico que haya más litigiosidad", sostuvo.
Y completó: "Si ante esa litigiosidad, ponemos trabajos a los reclamos, bajamos las indemnizaciones, modificamos las tablas de incapacidad, modificamos los regímenes para calcular las indemnizaciones, modificamos las garantías para el trabajador para cobrar, y entonces vamos a tener más litigiosidad, claro que sí".
El silencio de los gremios y el rol del Estado
Consultado sobre la falta de pronunciamiento de los gremios, Ruiz respondió: "Creo que debe haber alguna opinión, tal vez no la hemos escuchado. Nosotros hemos salido a fijar postura porque entendemos que es una reforma regresiva que perjudica derechos de los ciudadanos". Y añadió que la iniciativa podría generar responsabilidad para el Estado argentino.
"Yo entiendo que a veces los tiempos políticos requieren de reformas y plantear algún tipo de cambio, pero me parece que es un cambio que no va a favorecer nada. Nosotros tenemos trabajadores que están tres años padeciendo y haciendo un vía crucis para obtener una sentencia judicial favorable. Y ahora, con esta reforma, las sentencias que se dicten van a poder ser apeladas sin ninguna restricción, y el trabajador va a tener que seguir esperando", concluyó.
Para el abogado, tampoco se advierte "cuál es la utilidad para que el Gobierno se involucre en conflictos sectoriales entre particulares".