El Colegio de la Abogacía salió a frenar la derogación de la Ley de Enganche

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos reclamó participar del debate por la derogación de la Ley de Enganche y pidió una reunión con la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para exponer sus consideraciones sobre el proyecto que presentaron dos legisladoras de bloques distintos.

El presidente de la entidad, Santiago Esquivel, formalizó este martes la solicitud ante el cuerpo que preside el análisis de la iniciativa, que propone eliminar el artículo 1° de la Ley N° 10.068. Esa norma establece que los salarios del Poder Judicial provincial se ajusten automáticamente según los aumentos que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

En la nota, el Colegio advierte que la medida "involucra una cuestión de indudable trascendencia institucional", porque no se limita a lo salarial o presupuestario, sino que afecta "la independencia judicial, la autonomía y el adecuado funcionamiento del Poder Judicial". También remarca que las consecuencias alcanzan a los justiciables y a la ciudadanía en general, como destinatarios del servicio de justicia.

"Se encuentran así comprometidos principios esenciales para el equilibrio entre los poderes y, en definitiva, para el adecuado funcionamiento del sistema republicano provincial", sostiene la presentación.

El texto subraya que una reforma de esta naturaleza "merece ser abordada mediante un debate amplio, plural e informado", y que la abogacía entrerriana, por su participación cotidiana en el sistema judicial, necesita "acercar a esa honorable Cámara sus consideraciones" y conocer de primera mano los fundamentos y alcances de la propuesta.

"Estamos convencidos de que el diálogo entre los poderes públicos y las instituciones representativas de la comunidad jurídica constituye una herramienta indispensable para enriquecer el proceso legislativo", agrega el escrito.

Quiénes impulsan la derogación

La iniciativa fue presentada por la diputada Gladys Salinas, del bloque unipersonal del Partido Conservador Popular, y acompañada por Noelia Taborda, de la Alianza Juntos por Entre Ríos. Según explicaron, la propuesta no impide que se otorguen aumentos al Poder Judicial, sino que busca que esas decisiones se tomen en la provincia, de acuerdo con la realidad local y con la intervención de las autoridades responsables de administrar los recursos públicos.

Las legisladoras consideraron "necesario que la Legislatura recupere una intervención efectiva en todas aquellas decisiones que comprometan el presupuesto provincial", para garantizar una administración "ordenada, responsable y transparente" de los fondos de todos los entrerrianos.