Educación ya tenía el sumario en marcha: el colegio sabía del hostigamiento desde junio y nunca avisó. Ahora el Pía Didoménico pierde todo su aporte estatal, aunque tiene una chance de recuperarlo.
El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca le cortó el 100% del aporte estatal al nivel secundario del Colegio Privado Pía Didoménico. La medida rige desde este lunes 2 de noviembre y se extenderá por seis meses, según informó la cartera educativa.
La decisión quedó formalizada en la Disposición N.º 1027/2026 de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa. Detrás hay un sumario administrativo que, de acuerdo con lo que comunicó Educación, comprobó incumplimientos de la institución en cómo manejó situaciones de conflictividad y hostigamiento entre estudiantes.
Qué encontró el sumario
La Comisión Instructora Sumarial revisó antecedentes documentales, los descargos que presentó el establecimiento y los informes de las áreas que intervinieron. Su conclusión central: el colegio tenía conocimiento de las situaciones investigadas al menos desde los primeros días de junio.
Pero no aparecieron constancias de que haya avisado a tiempo a las autoridades educativas, ni de que haya convocado a la Dirección Provincial de Mediación Escolar, ni de que haya coordinado acciones con los organismos de protección de derechos.
El sumario tampoco logró acreditar que se aplicaran de forma integral los protocolos vigentes, ni que existiera un abordaje interdisciplinario sostenido con registros de seguimiento y evaluación. A eso se sumaron deficiencias en la documentación y en la autorización de las decisiones sobre la escolarización no presencial de estudiantes.
Un plan de mejora en 15 días
Además de la suspensión de los fondos, la entidad propietaria del colegio deberá presentar un Plan de Mejora de la Gestión Escolar en los 15 días posteriores a la notificación. El documento tendrá que especificar acciones para corregir las fallas, con responsables, plazos, metas y mecanismos de evaluación.
El plan debe reforzar la prevención, la intervención y la comunicación frente a situaciones de violencia y hostigamiento. También mejorar la convivencia escolar e incorporar la participación de las familias y espacios seguros de escucha para los estudiantes.
Una vez que lo apruebe la Secretaría de Gestión Educativa, su ejecución será obligatoria y quedará bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario del Ministerio.
La puerta abierta a recuperar los fondos
La disposición deja una posibilidad: restablecer el aporte de manera parcial y progresiva antes de que se cumplan los seis meses. Para eso, las evaluaciones técnicas deberán acreditar avances efectivos y la Secretaría tiene que dar su autorización. Solo con presentar el plan no alcanza para recuperar los fondos.
Mientras dure la sanción, el colegio y su entidad propietaria están obligados a garantizar la continuidad de las clases, la regularidad del ciclo lectivo y el acompañamiento de las trayectorias educativas, además de la protección integral de los estudiantes.
