El comercio digital del Mercosur ya tiene reglas comunes: qué cambia para las pymes

El Acuerdo sobre Comercio Electrónico del Mercosur entró en vigencia para los cuatro países del bloque: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La medida establece un marco único para las operaciones digitales, con impacto directo en consumidores y empresas, especialmente en las pymes.

¿Qué implica el acuerdo?

El instrumento regula aspectos clave como la protección de datos personales, las firmas electrónicas y la circulación transfronteriza de información. También fija criterios para el acceso a Internet con fines comerciales y para la cooperación en ciberseguridad.

Con la incorporación de los cuatro socios, la integración regional se extiende a la economía digital. Habrá reglas compartidas para evitar prácticas comerciales fraudulentas o engañosas en las operaciones electrónicas.

El camino hacia la vigencia plena

El proceso arrancó con la Decisión CMC Nº 15/20, que aprobó el texto original. Uruguay ratificó el acuerdo el 16 de diciembre de 2022 y Paraguay lo hizo después, por lo que entró en vigor para ambos el 24 de agosto de 2023.

Argentina completó su trámite el 11 de diciembre de 2025 y quedó bajo el régimen desde el 10 de enero de 2026. Brasil, en tanto, depositó su ratificación el 13 de mayo de 2026 ante Paraguay, que oficia de depositario, y el acuerdo rige para ese país desde el 12 de junio. La promulgación interna brasileña se hizo mediante el Decreto Nº 13.104, publicado el 24 de agosto. Con ese paso, el marco quedó activo en los cuatro Estados Parte.

Más herramientas para las pymes

El acuerdo contempla de manera específica a las micro, pequeñas y medianas empresas. Busca facilitar su acceso a las herramientas digitales y ampliar su participación en el comercio electrónico regional.

La idea es que puedan desarrollar negocios a través de canales digitales dentro del bloque, con menos trabas y más oportunidades.

Qué pasa con los datos y la ciberseguridad

En materia de protección de datos, el acuerdo obliga a los países a mantener medidas de resguardo y reconoce derechos como el acceso, la rectificación y la supresión de información personal.

También se establece que no se podrán imponer aranceles a las transmisiones electrónicas entre los países signatarios. Eso no implica una exención general de impuestos para bienes físicos comprados por internet: esos casos siguen sujetos a las normas locales.

El texto regula además las comunicaciones comerciales no solicitadas (spam) y promueve la cooperación en ciberseguridad. Los países deberán compartir información y experiencias para enfrentar amenazas a redes, datos personales, comunicaciones privadas e infraestructuras críticas.