El comisario acusado por los 1.345 kilos de marihuana apeló su procesamiento: su versión sobre lo que pasó en Suma de Voluntades

La defensa del comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli presentó un recurso de apelación contra el procesamiento con prisión preventiva que le dictó el juez federal Leandro Ríos, en una causa que lo señala como partícipe del transporte de 1.345,51 kilogramos de marihuana hallados en una camioneta en el departamento La Paz. Los abogados Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen sostienen que la resolución se apoya en conjeturas y no en pruebas concretas. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná deberá resolver la presentación.

Qué le imputan y qué dice la defensa

El magistrado acusó a Rosatelli de ser coautor de transporte de estupefacientes agravado, en concurso real con falsificación ideológica de documento automotor, lesiones graves calificadas y amenazas coactivas con arma de fuego. También le trabó un embargo por $12.250.000. Los otros procesados en la trama son Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna y los hermanos Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri.

Según la imputación, Rosatelli habría dispuesto "los medios materiales, logísticos y humanos" para adquirir la camioneta Citroën Jumper el 4 de noviembre de 2025, vehículo que el 13 de febrero de 2026 fue interceptado en un camino rural del departamento La Paz con la droga en su interior. La investigación vinculó el cargamento con hechos ocurridos en Paraná meses antes, ligados a la compraventa del rodado y a un altercado entre particulares. La defensa rechaza esa conexión: afirma que no existe vínculo, comunicación ni coincidencia espacio-temporal entre Rosatelli y quienes habrían ejecutado materialmente el transporte, y cita declaraciones de investigadores policiales que descartaron esos contactos.

El escrito de apelación califica al procesamiento como una "simplificación extrema" basada en elucubraciones "arbitrarias e irrazonables". Los letrados cuestionan que el juez atribuya significación delictiva a actos neutros o legítimos, y ponen como ejemplo las reuniones y desplazamientos por la vía pública que el fallo describe como una "operación opaca" o un "supuesto encuentro clandestino". También reprochan una "falta de objetividad" en la valoración de la prueba y una acumulación de "inferencias sobre inferencias" para sostener la responsabilidad penal. La hipótesis de un plan común es calificada de "inverosímil".

El episodio en Suma de Voluntades

La apelación dedica un tramo extenso a lo ocurrido el 12 de noviembre de 2025 en la sede de la ONG "Suma de Voluntades", en Paraná. Para la acusación, Rosatelli golpeó a Sixto Maciel —a quien el juez identifica como intermediario en la compra de la camioneta— con el fin de que retirara una denuncia por estafa presentada por Jonatan Barbieri, también intermediario en esa operación. El hecho ocurrió en una oficina de la organización que dirige Anabella Albornoz.

De acuerdo con el fallo, Maciel fue citado bajo engaño y luego agredido con un arma de fuego tipo pistola. El hombre sufrió un traumatismo encéfalo-craneano con hemorragia subaracnoidea y edema cerebral, lo que le provocó un episodio convulsivo, disartria y debilidad motora en el hemicuerpo derecho, con riesgo de vida y por un período mayor a un mes, según las historias clínicas del Hospital San Martín y del Hospital de la Baxada Dra. Teresa Ratto.

Los defensores rechazan esa lectura y citan al propio Maciel, quien vinculó la discusión con Rosatelli a un contrato de obra "cuantioso" que quería obtener de la ONG. En el escrito plantean además una contradicción temporal: la denuncia de Barbieri —dirigida contra Pelizzari, no contra Rosatelli— fue radicada a las 16, y las lesiones que se le imputan a Rosatelli ocurrieron a las 17.30 del mismo día. Se preguntan si es posible que en una hora y media el comisario se enterara de una denuncia que no lo mencionaba, coordinara una reunión con varias personas y luego golpeara a Maciel para que retirara una acusación que ni siquiera había presentado.

"El escaso margen temporal, la coordinación de tantos actores y los enredos argumentales (...) más las propias palabras del testigo Maciel (...) desalientan las conjeturas del magistrado", concluye la defensa.

Los agravios y el pedido de revocación

La representación técnica solicita revocar el procesamiento por falta de sustento objetivo y por la desconexión entre los hechos atribuidos. Rechaza la imputación por falsedad documental y la tesis del plan común, y sostiene que no existe prueba alguna que atribuya a Rosatelli la sustitución de la chapa patente de la camioneta. También considera inverosímil que se usara para un cargamento de semejante valor un vehículo previamente denunciado y con pedido de secuestro activo.

Sobre las medidas cautelares, los abogados impugnan el embargo de $12.250.000 por considerarlo "exorbitante e injustificado". Señalan además un error en el fallo: el flujo de fondos calificado como "inusual" fue atribuido al bimestre noviembre/diciembre de 2025, cuando la suma consignada de $53.001.152,18 corresponde a un acumulado de siete meses. Sin un pago trazable que conecte esos fondos con la compra del vehículo, sostienen que la figura del financiamiento carece de sustento. En conclusión, piden que se revoque la prisión preventiva y el embargo por arbitrarios.