El comisario y abogado preso por 1.345 kilos de marihuana juega su carta más fuerte

La defensa de Daniel Alejandro Rosatelli, el abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos procesado con prisión preventiva en la causa por el transporte de 1.345 kilos de marihuana, presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Los abogados Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen cuestionaron el fallo del juez federal Leandro Ríos y pidieron su libertad o medidas alternativas.

El procesamiento fue dictado el 10 de septiembre. La defensa lo apeló y sostuvo que no existe prueba directa que conecte la compra de una camioneta Citroën Jumper, realizada el 4 de noviembre de 2025, con el hallazgo del vehículo cargado con marihuana el 13 de febrero de 2026 en La Paz.

“Existen dos eventos distintos que la investigación no ha podido acreditar de ninguna manera que se encuentren conectados subjetivamente por una intencionalidad común y organizada entre los imputados”, señalaron los abogados en el escrito. Según el recurso, el magistrado completó esa conexión mediante “una entusiasta serie de conjeturas que no encuentran respaldo alguno en las pruebas reunidas”.

El núcleo de la acusación

La defensa no discutió varios hechos que el juez tomó como indicios: que la camioneta había sido verificada en Paraná, que estuvo cerca del domicilio de Rosatelli, que hubo un conflicto por su pago y que se produjo un altercado en la sede de la asociación Suma de Voluntades. Tampoco objetó que el mismo vehículo apareció tres meses después con el cargamento. Lo que rechazó fue el razonamiento que atribuyó a Rosatelli un papel oculto en la compra del utilitario.

Uno de los puntos cuestionados es la verificación sin turno en la planta de avenida Zanni. Los defensores señalaron que Jonathan Barbieri, vendedor del vehículo, brindó versiones diferentes: primero mencionó una comunicación con alguien que sería Rosatelli, pero luego indicó que el intermediario Martín Pelizzari realizó una llamada al llegar. Añadieron que el verificador Marcos Ismael Naumoff declaró que no conocía al comisario ni había recibido pedidos suyos.

La apelación también objetó la sospecha por el pedido de secuestro del vehículo. Según la defensa, esa medida no aparecía en las consultas disponibles durante la verificación y solo figuraba una prohibición de circular derivada de una denuncia de venta. El juez había calificado como “opaca” la negociación cerca del Club Echagüe, donde Pelizzari y Barbieri dejaron estacionada la camioneta para que Rosatelli supuestamente pudiera observarla sin intervenir. Para los abogados, resulta contradictorio que una maniobra presuntamente clandestina se concretara en la vía pública, cerca del domicilio declarado por Rosatelli y dentro del área cubierta por cámaras policiales.

El pago se realizó con 2.400 dólares, cheques aportados por Pelizzari y dos transferencias de un millón de pesos efectuadas por Claudio Luna. El procesamiento interpretó la intervención de terceros como una estrategia para impedir que quedaran rastros del verdadero comprador. La defensa recordó que una abogada del estudio de Rosatelli solicitó dos informes de dominio sobre la camioneta, gestión que produjo registros documentales incompatibles con una intención de ocultamiento. También señalaron que Luna declaró haber hecho las transferencias a pedido de Pelizzari y no por indicación de Rosatelli.

Qué dijo la defensa sobre los llamados y la golpiza

La resolución judicial había interpretado un cruce de comunicaciones como una señal de connivencia entre Rosatelli, Pelizzari y Luna. El recurso aseguró que el único contacto directo identificado fue una comunicación de tres segundos, efectuada el 26 de diciembre entre una tercera persona y la línea atribuida a Rosatelli. “No existe el intercambio entre Rosatelli, Pelizzari, Luna y los restantes abonados que presenta la resolución, ni tampoco surgen comunicaciones entre las líneas de Rosatelli y la atribuida a Claudio David Luna”, afirmaron.

Otro elemento analizado por el juez fue la golpiza denunciada por Sixto Maciel en una habitación de la sede de Suma de Voluntades. La hipótesis judicial vinculó el episodio con el intento de lograr que se retirara la denuncia por la venta de la camioneta, abonada parcialmente con cheques falsos. La defensa ofreció otra interpretación: sostuvo que la discusión estuvo relacionada con el precio de una obra que Maciel buscaba realizar para la organización y citó una declaración atribuida al propio denunciante: “Discutimos yo y Daniel por el tema de la obra”.

Los abogados también cuestionaron la cronología considerada en el procesamiento. Indicaron que la denuncia de Barbieri contra Pelizzari se radicó a las 16 y que el altercado ocurrió aproximadamente a las 17.30. Remarcaron que aquella denuncia no mencionaba a Rosatelli y sostuvieron que, por tratarse de un abogado penalista y funcionario policial, debía saber que una denuncia penal no podía ser retirada por la sola voluntad del denunciante.

El recorrido de la camioneta y la “ficción financiera”

El procesamiento indicó que, después de la negociación del 4 de noviembre, la camioneta fue trasladada hasta las inmediaciones de la vivienda de Juan Esteban Siebenlist Bustos, prófugo y señalado como organizador logístico del transporte. Los abogados acompañaron capturas de las cámaras del 911 y afirmaron que el vehículo se detuvo frente al domicilio de Emmanuel Wursten, cuñado de Barbieri. La casa de Siebenlist Bustos se encontraría enfrente, al otro lado de la calle Pronunciamiento. La defensa negó que Rosatelli conozca al prófugo y aseguró que tampoco pudo establecerse quién tenía la camioneta el 30 de enero, cuando salió definitivamente de Paraná con una nueva patente.

Además, planteó que no resultaría razonable emplear para una carga valuada en más de tres millones de dólares un utilitario que ya se encontraba individualizado, denunciado y con pedido de secuestro.

La apelación también impugnó el informe económico utilizado para considerar que los bienes y movimientos financieros de Rosatelli no se correspondían con su sueldo como comisario. Los abogados argumentaron que se mezclaron períodos diferentes, se contabilizó dos veces dinero transferido entre cuentas de un mismo titular y se consideraron rescates de inversiones como si fueran ingresos nuevos. Calificaron el resultado como una “ficción financiera” producida por el “inflado de flujos”. Negaron que Rosatelli fuera propietario de ocho inmuebles: según la información de ARCA y ATER citada por la defensa, tendría tres propiedades —su vivienda de avenida Echagüe, un inmueble en Chajarí y un terreno en Paraná— además de un Honda Civic modelo 2018.

Los pedidos de la defensa

Los defensores solicitaron que se revoquen el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo. Argumentaron que la investigación avanzó lo suficiente como para reducir el riesgo de que Rosatelli interfiera en la producción de pruebas. También cuestionaron que la negativa a proporcionar la contraseña de su iPhone 17 fuera considerada un posible indicio de entorpecimiento. “El imputado no tiene la obligación jurídica de colaborar con la investigación que se dirige en su contra”, plantearon.

Como alternativa a la libertad, pidieron que la prisión preventiva sea reemplazada por presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y una caución. En última instancia, solicitaron el arresto domiciliario en el departamento de Rosatelli, con monitoreo electrónico si fuera considerado necesario.

La Cámara Federal de Apelaciones deberá fijar la audiencia en la que se escucharán los argumentos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal. Luego resolverá si confirma, modifica o revoca las medidas dictadas por el juez Ríos.