El Concejo de General Belgrano transfirió $149,5 millones sin rendir cuentas y ahora quiere $200 millones

Un pedido de informes del concejal justicialista Rubén Oscar Landriel puso al descubierto una serie de irregularidades en el Concejo Deliberante de General Belgrano, en el interior de Formosa. Transferencias millonarias sin justificar, la presunta contratación de la esposa del presidente del cuerpo como proveedora y un parque automotor municipal destruido son los ejes de la denuncia, que podría terminar en la Justicia.

El edil expuso el caso en el programa radial Algo Está Pasando, de FM VLU 88.5, en una entrevista con los periodistas Fernando López y Daniel Moreira Viera.

Una secretaria, un informe y la esposa del presidente

El conflicto se originó a partir de una presentación administrativa interna del propio Concejo. Según relató Landriel, "la secretaria del cuerpo pidió un informe a la Contaduría del municipio respecto a una serie de resoluciones donde se habrían ordenado transferencias de dinero por compras a nombre de la esposa del presidente del Concejo, es decir, sería proveedora del Deliberante la propia esposa del presidente".

Con esa información, el concejal hizo una presentación formal y solicitó en la sesión la conformación de una comisión investigadora para verificar la documentación y determinar si la irregularidad existió. El planteo fue rechazado por el oficialismo: "Tanto en la votación el presidente como el vicepresidente, que responden al Ejecutivo municipal, rechazaron la conformación de una comisión investigadora", denunció.

Landriel advirtió que el pedido de informes tiene un plazo determinado y que, de no obtener respuesta, continuará "por los carriles correspondientes".

Gastos figurativos: de $100 a $200 millones

El segundo eje de la denuncia apunta al destino de los fondos que el Concejo transfiere al Ejecutivo bajo el concepto de gastos figurativos. Según el edil, en enero se aprobó el Presupuesto 2026 con una autorización de 100 millones de pesos para todo el año, un mecanismo que exige una finalidad específica para cada giro.

Sin embargo, las transferencias se hicieron sin ese respaldo. "Vienen transfiriendo todos los meses distintas sumas de dinero sin que haya tratado el cuerpo cuál sería la finalidad. No tenemos constancia de las resoluciones ni del acto administrativo que lo ordena, y menos aún la rendición desde el Ejecutivo para decir en qué se gastó, quién lo gastó, cuál fue la finalidad y quién es el proveedor", sostuvo.

El desfase quedó en evidencia con los números: "Tenían autorizados 100 millones y al mes de septiembre ya se habían transferido 149,5 millones de pesos". Y en la última sesión el oficialismo presentó una reestructuración presupuestaria para elevar el ítem a 200 millones. "No solamente gastaron y no justificaron, sino que ahora elevaron el monto para poder continuar las transferencias de la misma forma", cuestionó.

Maquinarias sin papeles y un parque automotor destruido

El tercer punto del reclamo apunta a la intención del Ejecutivo de dar de baja seis maquinarias comunales, entre ellas un camión, para entregarlas como parte de pago a un taller mecánico. La nota presentada no incluía patente, número de motor ni chasis, y tampoco una pericia que justificara el estado de los vehículos, su precio o el impacto para las arcas públicas.

El proyecto no prosperó porque no alcanzó los dos tercios necesarios en la votación. Para Landriel, el contraste es evidente: "Estamos hablando de 200 millones de pesos que van a transferir desde el Concejo al Ejecutivo, pero no tienen para pagar la reparación de la maquinaria". Y agregó que, según un informe en su poder, el parque automotor municipal "está destruido en comparación con cómo fue dejado por la gestión anterior".

El paso siguiente: la denuncia penal

El concejal anticipó que, agotada la vía administrativa, avanzará con una presentación judicial. "Dentro de mi obligación como concejal está hacer la correspondiente denuncia para que se investigue correctamente", afirmó, y estimó que las acciones legales podrían iniciarse durante el transcurso de octubre.

El caso de General Belgrano se suma a otras fricciones institucionales en el interior formoseño, como las registradas recientemente en Mayor Villafañe, y pone en discusión los mecanismos de control de los fondos públicos en las administraciones municipales.