El Concejo de Santo Tomé aprobó el traspaso a ASSA, pero antes exige rendir cuentas por $6.000 millones

El Concejo municipal de Santo Tomé habilitó este martes el arranque formal de las gestiones para que Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) se haga cargo del agua potable y los desagües cloacales. En la misma sesión, y por pedido de la concejala Giselle Miravete (La Libertad Avanza), el cuerpo aprobó un pedido de informes para que el Ejecutivo local explique por escrito qué pasó con la plata recaudada de la tasa de agua mientras la deuda con la empresa provincial crecía hasta superar los 6.000 millones de pesos.

La iniciativa se presentó como un proyecto de comunicación independiente de la ordenanza marco. No frena la negociación entre el Municipio, la Provincia y ASSA, pero obliga al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a responder un cuestionario de once puntos antes de la firma del convenio definitivo.

"Es fundamental contar con respuestas claras y por escrito. Queremos saber qué pasó con el dinero recaudado de la tasa de agua mientras la deuda con la empresa provincial crecía hasta superar los 6.000 millones de pesos, y bajo qué condiciones tarifarias asumirá ASSA", sostuvo Miravete.

Qué le van a preguntar al Ejecutivo

El documento aprobado por el Concejo se organiza en cuatro ejes. El primero apunta a la deuda histórica y al destino de los fondos: pide detallar el origen, la evolución y el balance del pasivo acumulado con ASSA desde 2024, calculado en al menos 6.000 millones de pesos. También reclama saber cuántos contribuyentes pagan la tasa de agua y en qué se usaron los fondos recaudados que nunca llegaron a la empresa proveedora. Además, pregunta si hubo intimaciones o advertencias del Gobierno Provincial antes de que la deuda se saliera de control.

El segundo eje es el plan de transición y su costo. El Ejecutivo deberá informar el cronograma estimado para el desembarco definitivo de ASSA y cuánto le costará ese proceso a las arcas locales. En el mismo apartado se exige precisar qué obras de infraestructura prometió la Provincia, con presupuestos y plazos, para resolver los problemas de presión y calidad en los barrios.

El tercer bloque es el esquema tarifario. La concejala quiere que se revele el costo real del servicio que aplicará la prestadora provincial después de la transferencia y si existirá algún mecanismo de contención o tarifa social para amortiguar el impacto en las facturas domiciliarias.

El cuarto eje es la situación del personal. El Concejo pide que se defina la modalidad de traspaso o adscripción de los más de 80 empleados municipales que hoy trabajan en el área de agua corriente y en la planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Un trámite que no frena la negociación

La aprobación del pedido de informes se dio por separado del dictamen de mayoría que autorizó el comienzo formal del traspaso. Es decir, la norma sancionada no detiene las mesas técnicas entre el Municipio, la Provincia y la conducción de ASSA, pero compromete institucionalmente al Ejecutivo a rendir cuentas ante el Concejo antes de firmar el convenio definitivo.

El dictamen de mayoría ya establece que cualquier compromiso financiero nuevo, enajenación de bienes municipales o alteración en la masa salarial del personal requerirá una nueva convalidación legislativa. En esa instancia, las respuestas al pedido de informes serán determinantes para el voto final.

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