El Concejo quiere saber cuántos edificios se habitan en la capital sin final de obra

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se reúne este miércoles a las 10 para responder una pregunta que acumula años sin respuesta oficial: cuántos edificios habitados de la ciudad nunca obtuvieron el certificado de finalización de obra. También se evaluará qué hizo el municipio para controlar esa situación.

Del encuentro participarán concejales y funcionarios de las áreas de control y planificación urbana. La cita es en el marco de dos comisiones que trabajan sobre el mismo tema.

Dos comisiones, un mismo tema

La reunión involucra a la comisión de Obras Públicas y Estética, que preside Facundo Vargas Aignasse, y a la de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, a cargo de Federico Romano Norri.

Los ediles buscan información actualizada sobre los inmuebles en situación irregular, las inspecciones que se hicieron hasta ahora y los mecanismos disponibles para que los propietarios completen los trámites pendientes.

El origen de la convocatoria

La convocatoria responde a la Resolución N.º 5.067/26, aprobada en agosto, que pidió datos sobre los edificios incluidos en un relevamiento municipal de 2018 y sobre aquellos que todavía tienen trámites pendientes vinculados al final de obra o a la habitabilidad.

La iniciativa nació de un proyecto de los concejales radicales Gustavo Cobos y José María Canelada, que habían propuesto una auditoría sobre los edificios habitados que no cumplen con la normativa. El tema ganó impulso tras la explosión en un inmueble de Monteagudo al 120, que, según la información difundida, no tenía todas las habilitaciones necesarias.

Cobos explicó que, para lograr un acuerdo entre los bloques, el pedido de auditoría se reemplazó por esta reunión con las áreas municipales involucradas. “Queremos saber qué se está haciendo en cada uno de esos edificios en relación a las condiciones de seguridad”, afirmó. El concejal agregó que es fundamental establecer cuántos inmuebles están habitados sin la documentación correspondiente, qué inspecciones se hicieron y con qué herramientas cuenta el municipio para exigir su regularización.

Qué se revisará

Uno de los ejes será analizar la información disponible sobre los edificios con irregularidades administrativas o técnicas. Los concejales quieren saber qué pasó con los inmuebles detectados en 2018, cuáles regularizaron su situación y cuáles mantienen trámites pendientes. También procurarán conocer si hubo nuevas inspecciones y qué se resolvió ante los incumplimientos detectados.

Cabe aclarar que la ausencia del certificado de final de obra no implica, necesariamente, que un edificio sea inseguro. Significa que aún no se acreditó de manera formal el cumplimiento de ciertos requisitos administrativos y técnicos que exige la normativa municipal. Por eso, los ediles consideran necesario un diagnóstico actualizado que permita distinguir cada situación y definir qué corresponde en cada caso.

La propuesta de un régimen excepcional

Romano Norri sostuvo que la prioridad debe ser hallar soluciones para quienes viven hoy en edificios que no completaron los trámites. “Queremos tener un relevamiento de todos los que están en infracción”, afirmó.

El concejal planteó además la posibilidad de crear un régimen excepcional de regularización, que permita estudiar cada inmueble por separado y fijar plazos para corregir los incumplimientos. La idea es contemplar las particularidades de cada edificio sin dejar de lado las exigencias de seguridad y habitabilidad.

Los concejales coincidieron en que es indispensable conocer el estado actual de los controles municipales antes de avanzar con eventuales cambios normativos. La reunión de este miércoles apunta a dimensionar el problema y definir posibles salidas para los edificios habitados que aún no tienen su final de obra en la capital tucumana.