El condenado por el crimen de Liliana Ledesma sigue libre y ahora salen a buscarlo con plata
Parecía que el caso del condenado por el crimen de Liliana Ledesma iba a quedar en el olvido. Tres años después de su fuga, el Gobierno de Salta puso $10 millones para quien sepa dónde está.
El Gobierno de Salta puso una recompensa de $10 millones para quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Lino Ademar Moreno, el hombre condenado a prisión perpetua por el homicidio de la productora rural Liliana Ledesma y prófugo desde junio de 2023.
La decisión quedó formalizada en el Decreto 587, firmado el 16 de septiembre y publicado este jueves 17 en el Boletín Oficial. La recompensa está destinada a quienes, sin haber participado del hecho, acerquen información fidedigna y determinante para localizar al condenado. Quienes la aporten podrán hacerlo ante los fiscales o la autoridad judicial, con reserva de identidad.
El pedido que activó la recompensa
El ofrecimiento respondió a un requerimiento del procurador general Pedro García Castiella, que el 10 de septiembre le pidió al gobernador Gustavo Sáenz evaluar esta vía ante la falta de resultados de las diligencias para establecer dónde está Moreno.
La solicitud se presentó en el marco de la "Averiguación Preliminar N° 108/23", a cargo de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte. El Ministerio Público Fiscal reconoció que, pese a las tareas investigativas, no había logrado localizar al prófugo.
Una fuga que ya lleva tres años
Moreno no volvió a la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán el 18 de junio de 2023, cuando debía regresar tras una salida transitoria. Cumplía entonces una condena a prisión perpetua por el homicidio de Ledesma.
Su historial judicial acumula condenas y evasiones. En una primera causa recibió seis años de prisión por homicidio en grado de tentativa y abuso de armas, pena de la que se escapó en 2001. Tras ser recapturado, el 17 de febrero de 2005 fue condenado otra vez a seis años por evasión, robo calificado y privación ilegítima de la libertad agravada. El 27 de mayo de ese año ambas condenas se unificaron en 12 años.
Mientras cumplía esa pena, Moreno volvió a fugarse el 30 de agosto de 2006. En ese período se produjo el homicidio de Liliana Ledesma, por el que fue condenado el 14 de junio de 2010 como coautor de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. También recibieron prisión perpetua Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga y Casimiro Torres, mientras que Patricia Guerra tuvo una pena menor.
El 4 de junio de 2016, todas las condenas anteriores y la del crimen de Ledesma se unificaron en una única pena de prisión perpetua.
La víctima había denunciado públicamente a sectores vinculados a los hermanos Castedo, actualmente detenidos, por presuntas maniobras de narcotráfico en la frontera salteña.
Salidas transitorias y la causa contra el juez Laurenci
Mientras cumplía la condena por el crimen de Ledesma, Moreno accedió al régimen de salidas transitorias que otorgaba el juez Edgardo Laurenci, integrante del Tribunal de Juicio Sala I de Orán y a cargo de la ejecución de la pena. Según la denuncia de García Castiella ante el Tribunal de Enjuiciamiento, el beneficio comenzó con una salida dominical por mes para visitar a un familiar y luego se amplió a dos domingos mensuales.
El 18 de junio de 2023, Moreno salió de la cárcel y no regresó en el horario fijado. Desde entonces permanece prófugo.
Tras la evasión, el Procurador General denunció a Laurenci por presunto mal desempeño, negligencia y falta de cumplimiento de sus deberes. El planteo no se limitó a la concesión de las salidas, sino que también apuntó a la actuación posterior a la fuga y a las medidas para capturar al condenado.
En febrero de 2024, el Jurado de Enjuiciamiento dispuso la suspensión preventiva de Laurenci mientras avanzaba el proceso. Pero antes de que terminara el trámite disciplinario, el magistrado renunció para acogerse a la jubilación ordinaria. La dimisión fue aceptada y, al dejar de ejercer, el jury perdió continuidad: el Tribunal de Enjuiciamiento ya no podía aplicar una eventual destitución sobre un juez que no estaba en funciones.