El conflicto por un alquiler en Plottier que terminó con una decisión judicial inesperada

Dos emprendedoras de Plottier viven un verdadero calvario judicial después de que un incremento en el alquiler de su local comercial desatara una disputa con los propietarios. Lo que comenzó como un proyecto soñado, una casa de té y un vivero, se convirtió en una batalla legal que llegó a la Cámara de Apelaciones. La Justicia determinó que el contrato original no reflejaba la verdadera relación entre las partes, y los dueños deberán hacerse cargo de las consecuencias.

Las mujeres habían invertido tiempo y dinero para acondicionar el espacio y poner en marcha su emprendimiento. Sin embargo, cuando el negocio comenzó a dar frutos, los propietarios intentaron modificar las condiciones económicas pactadas inicialmente. Según la demanda presentada por las emprendedoras, la relación fue normal durante los primeros meses, pero todo cambió cuando el proyecto empezó a prosperar.

Los dueños del inmueble, por su parte, sostenían que nunca existió un contrato de alquiler formal. Argumentaban que el único documento firmado permitía a las mujeres usar el lugar de forma gratuita durante un tiempo determinado. Pero las pruebas recopiladas durante la investigación contarían otra historia.

¿Qué revelaron los pagos mensuales?

La jueza civil María Eliana Reynals analizó en detalle la documentación, los testimonios y el comportamiento de ambas partes. Un elemento clave fueron los pagos periódicos que las emprendedoras realizaban a la cuenta de una de las propietarias. Para la magistrada, esos depósitos eran incompatibles con la versión de que el uso del lugar era gratuito.

Además, se tuvo en cuenta que los dueños habían autorizado a una inmobiliaria a ofrecer el local en alquiler, entregaron las llaves y permitieron las mejoras y trámites necesarios para desarrollar una actividad comercial. Todos estos indicios llevaron a la jueza a concluir que existía un acuerdo de alquiler que comenzó a ejecutarse aunque nunca hubiera sido formalizado por escrito.

En su sentencia, Reynals fue contundente: “El arrepentimiento unilateral no tiene amparo legal”. Ordenó a los propietarios formalizar el contrato, pero ellos decidieron apelar la decisión.

La Cámara de Apelaciones y el giro inesperado

El caso llegó a la Sala III de la Cámara de Apelaciones, integrada por Gabriel Ciucci y Juan Manuel Menestrina. Los camaristas coincidieron con la jueza en que no se podía analizar únicamente el documento firmado, sino que también había que observar el comportamiento posterior de las partes. Y los pagos mensuales volvieron a ser determinantes para confirmar que la voluntad real había sido celebrar un contrato de alquiler.

Sin embargo, la Cámara modificó parcialmente el fallo de primera instancia. Los jueces consideraron que no había pruebas suficientes para demostrar que las partes hubieran acordado un plazo superior al mínimo establecido por la ley. Como ese período ya había transcurrido, el pedido para obligar a los propietarios a firmar el contrato quedó sin efecto práctico.

A pesar de ese ajuste, el fallo confirmó el punto central del reclamo: la relación real entre las partes había sido un alquiler, pese a que el documento inicial decía otra cosa. Los pagos periódicos, las inversiones y el desarrollo de la actividad comercial fueron elementos decisivos en esta historia que terminó en los tribunales.