El Congreso acumula 30 proyectos para atacar la mora, pero el Gobierno los congela: ¿qué esconde?

La morosidad en los créditos familiares ya no es solo un problema entre deudores y acreedores. La preocupación ahora invade a inversores y analistas internacionales, que observan con lupa si la economía argentina podrá sostener las inversiones que busca desesperadamente Javier Milei. En los últimos diez días, tanto The Economist como Oxford Economics encendieron las alarmas: el aumento de los préstamos impagos podría comprometer el futuro del plan económico.

Mientras el Presidente y su gabinete económico insisten en culpar a los deudores individuales, en el Congreso se acumulan más de 30 iniciativas opositoras para abordar el problema de manera colectiva. Sin embargo, La Libertad Avanza y sus aliados del PRO bloquean sistemáticamente el debate. La pregunta es: ¿hasta cuándo podrán ignorar las advertencias internacionales?

Las advertencias que sacuden el plan de Milei

La revista británica The Economist, en un artículo que elogia el intento de Milei de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, no dudó en señalar los riesgos: “Mantener el peso fuerte ayudó a controlar la inflación pero obstaculizó el crecimiento y aumentó considerablemente los préstamos no pagados”. La mora se convierte así en una sombra que amenaza el éxito del programa.

Por su parte, Oxford Economics publicó un informe dirigido a sus clientes titulado “Argentina: El aumento de los préstamos morosos lastrará el crecimiento del consumo”. El documento advierte que “los elevados y crecientes costos reales del crédito, junto con un débil crecimiento de los salarios reales” seguirán frenando la actividad económica, especialmente en sectores impulsados por el consumo privado.

Proyectos que duermen en el cajón

Las iniciativas presentadas en el Congreso son variadas y cuentan con el respaldo de legisladores de distintos espacios. Desde Miguel Pichetto hasta Natalia Zaracho, pasando por Itai Hagman, Guillermo Michel, Natalia De la Sota, Esteban Paulón, Victoria Tolosa Paz y Pablo Juliano, todos buscan dar respuesta a la crisis de endeudamiento familiar.

Algunos proponen regular las tasas y fomentar el crédito responsable; otros, programas de refinanciación y alivio masivo de deudas. También hay quienes impulsan mecanismos de “segunda oportunidad” para consumidores sobreendeudados o el fortalecimiento de la protección de los usuarios financieros frente a prácticas abusivas de cobranza.

La propuesta de Juliano: regular el ecosistema financiero digital

El diputado Pablo Juliano, que integra el bloque Provincias Unidas tras dejar la UCR, presentó un proyecto para regular de manera integral el ecosistema financiero digital. Según explicó, no busca restringir la actividad sino “fijar estándares mínimos de transparencia, responsabilidad e inclusión financiera sin descuidar la dignidad de consumidores y usuarios”.

“Una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida”, señaló Juliano, remarcando que el objetivo es la reinserción social y económica de los deudores, sin premiar el incumplimiento ni aplicar cancelaciones automáticas.

El proyecto plantea:

Prohibir interfaces diseñadas para ocultar el costo real del crédito o incentivar el endeudamiento acelerado.
Exigir que los sistemas automatizados de evaluación crediticia sean transparentes y auditables, con revisión humana para evitar sesgos.
Prohibir el hostigamiento o la violencia económica en la gestión de la mora.
Evaluar la situación económica integral del usuario antes de otorgar nuevo financiamiento, evitando la acumulación de compromisos en múltiples plataformas.

Tolosa Paz y la protección de los más vulnerables

Victoria Tolosa Paz, diputada del peronismo, puso el foco en quienes cobran asistencia social a través de billeteras virtuales. Su iniciativa busca limitar las tasas, regular los algoritmos y proteger los ingresos de carácter alimentario, inspirada en una medida similar impulsada por el gobierno de Lula en Brasil.

La diputada detalla un dato respaldado por información oficial: las personas de menores recursos, como las que reciben la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, enfrentan condiciones de financiamiento más costosas y terminan recurriendo a créditos que profundizan su vulnerabilidad. El proyecto, que cuenta con el apoyo de 26 diputados, prohíbe que las prestaciones sean usadas como garantía o fuente de cobro preferente para los acreedores.

“El problema no es que las personas accedan a una billetera virtual. La inclusión financiera es algo positivo. El problema aparece cuando ese mismo sistema que recibe todos los meses un ingreso garantizado por el Estado utiliza esa previsibilidad para ofrecerle crédito a una persona vulnerable a tasas que pueden superar el 700% de Costo Financiero Total”, advirtió Tolosa Paz.

¿Qué pasará con las iniciativas?

Por el momento, ninguna de las propuestas tiene chances de avanzar en el Congreso. La negativa de La Libertad Avanza, el PRO y sus aliados a tratar el endeudamiento familiar como un problema colectivo mantiene todo congelado. Mientras tanto, las críticas internacionales siguen acumulándose. La decisión del Gobierno podría ser clave para evitar que la mora se convierta en una bomba de tiempo para la economía.