El cónsul español en Mendoza planta batalla judicial: ¿qué esconden los 118 cargos en disputa?

El cónsul general de España en Mendoza, Ramón Blecua, presentó un recurso judicial contra el sistema de asignación de destinos del Ministerio de Asuntos Exteriores, justo a días de dejar su cargo. La demanda, admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuestiona la adjudicación de 118 puestos diplomáticos en el exterior.

La Sala de lo Contencioso Administrativo dio luz verde al planteo de Blecua, que apunta directamente al procedimiento usado para cubrir consulados, consejerías y secretarías de embajada. El diplomático dejará Mendoza en los próximos días, en el marco de la renovación de destinos prevista para agosto.

¿Por qué quedó fuera Blecua?

El recurso sostiene que el cónsul cumplía con los requisitos de antigüedad y trayectoria, pero fue excluido por la aplicación de un coeficiente llamado "ratio". Este criterio limita el acceso a nuevos cargos a aquellos diplomáticos que hayan pasado aproximadamente el 74,5% de su carrera fuera de España. Según la demanda, esa regla dejó fuera a una docena de funcionarios.

La controversia se centra en que ese mecanismo no está contemplado en el real decreto que regula la provisión de puestos diplomáticos, ni fue incluido expresamente en la convocatoria del concurso. La presentación judicial lo califica de falta de previsibilidad y transparencia.

¿Qué pide el cónsul?

Blecua solicita la anulación total o parcial de la resolución que adjudicó los destinos, el reconocimiento de su situación particular y una eventual indemnización por los perjuicios ocasionados. El proceso de asignación se realiza mediante el sistema conocido como "bombo", un concurso de méritos donde la Junta de la Carrera Diplomática elabora una propuesta que suele ser respetada, aunque ciertos cargos estratégicos quedan sujetos a designación directa del ministro.

La Asociación de Diplomáticos Españoles respaldó el recurso y aprovechó para reclamar una reforma del sistema. La entidad sostiene que el mecanismo vigente no resuelve problemas estructurales de planificación de recursos humanos, carrera profesional y previsibilidad de las reglas.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid deberá analizar el expediente y determinar si el procedimiento se ajustó a la normativa. Si la Justicia hace lugar al planteo, podría revisarse la resolución que adjudicó los 118 destinos, una decisión que impactaría sobre los funcionarios que deben asumir sus nuevos cargos en agosto.