El control callejero que Santa Fe estrenaría: te frenan y tenés que mostrar un número de tu celular

Un policía detiene a un peatón, le pide el teléfono y lo obliga a abrir la configuración para verificar un código de 15 dígitos. Si ese número aparece en la base de equipos robados, el portador deberá justificar cómo lo obtuvo. La escena todavía no ocurre en las calles de Santa Fe, pero el oficialismo quiere que sea una realidad: es una de las medidas más innovadoras —y probablemente de las más discutidas— del paquete de seguridad que Maximiliano Pullaro mandó a la Legislatura.

El diputado José Corral salió a defenderla esta semana, justo cuando Unidos busca aprobar las leyes. En una entrevista con LT10, explicó el mecanismo y respondió las críticas.

Qué es el IMEI y cómo se consulta

El IMEI es un código único que identifica a cada aparato. Tiene 15 dígitos y se puede obtener marcando *#06# en el teléfono o mirando la caja original. Corral lo comparó con algo que todos entienden: es “el DNI del celular”, que cada uno tiene “aunque a veces no lo sabemos”. Según el diputado, encontrarlo en la configuración es muy simple.

La lógica es la misma que se usa para autos y motos. Existe una base nacional con los equipos denunciados como robados. En provincias como Mendoza, la policía cruza esos datos con registros nacionales como el del Enacom, y un aparato que figura en esa lista negra queda inhabilitado para funcionar en las redes móviles. Lo que Santa Fe propone es trasladar ese cruce desde las oficinas y los comercios hasta la vereda misma.

“Si tu número coincide con un celular robado, tendrás que explicar de dónde lo sacaste. Esto es como los autos, como las motos”, graficó Corral.

“Seríamos la primera provincia”

Consultado sobre si hay antecedentes en otras jurisdicciones, el diputado respondió que el IMEI ya se usa mucho como herramienta: policías y fiscales consultan estas bases habitualmente. Lo que no existe, aseguró, es hacerlo como control de rutina, igual que el control de patentes o de licencia de conducir.

“Seríamos la primera provincia”, afirmó, y lo presentó como un motivo de orgullo: “Santa Fe va dejando ejemplos para que otras provincias lo tomen.”

Una ofensiva contra el mercado del celular robado

Corral recordó que el robo de celulares encabeza los delitos que más alarma generan, aunque no sean los más violentos. Y habló de la bronca cotidiana del vecino que “sabe dónde está el celular”: lo ve en el mapa de su GPS, ubica el domicilio y la policía no puede entrar sin una causa judicial y un allanamiento.

El proyecto cambia eso. Si la ubicación es precisa, y no solo aproximada, el fiscal, a través de la policía y con noticia al juez, podría intervenir rápidamente. El diputado reconoció que el GPS no siempre alcanza, por ejemplo en un edificio, pero que en muchos casos sí es exacto.

“Son medidas antipáticas”

“Son medidas antipáticas. No es lindo que lo paren a uno para pedirle los papeles de la moto, del auto o el carné de conducir”, reconoció Pullaro; pero, agregó, para ordenar el tema y “achicar ese mercado delictivo” hacen falta estas herramientas.

Para él, la objeción de fondo es de otro orden: “¿Qué problema tengo de mostrar en mi configuración cuál es el IMEI de mi celular?” Y la enmarcó en una crítica a una etapa anterior: durante años, dijo, “escondido detrás de un supuesto garantismo constitucional, se escondieron las peores prácticas” y se cuidó más a los delincuentes que a las personas que necesitan protección.

El límite: qué pasa con el que se niega

El punto más sensible es otro. La defensa cuestionó que el texto hable de “renuencia”, un término impreciso: si alguien se resiste a lo que pide el policía, ¿podría ser requisado?

Corral no lo desmintió. Dijo que para eso se realizaron las reuniones y audiencias, con “horas y horas” de trabajo parlamentario, y que se van a tomar las sugerencias y a retocar la redacción.

Sobre los posibles abusos, el diputado señaló: “Abuso siempre puede haber, pero eso no tiene que llevarnos a que no tengamos legislación.”