El control de Edelap y Absa: ¿sellos de goma al servicio de las empresas?

Durante décadas, los usuarios del Gran La Plata sufrieron las consecuencias de un servicio de electricidad y agua deficiente, sin tener voz ni voto en los organismos de control. La prometida privatización no trajo la solución esperada, y las empresas concesionarias parecen haber operado sin una supervisión efectiva, dejando a los vecinos en una situación de total indefensión.

La historia de esta problemática se remonta a la época de la empresa estatal SEGBA, cuyas fallas en el suministro causaron graves perjuicios económicos a la región. Ante la desesperación, el diario convocó a una asamblea masiva que se realizó en un cine, donde decenas de representantes de distintos sectores propusieron crear una empresa con participación local. Sin embargo, el Estado optó por vender las concesiones al mejor postor, dando origen a Edenor, Edesur y Edelap.

Esta decisión, más que cuestionable, generó una nueva raza de “expertos en conducir compañías en mercados altamente regulados”, cuyo principal objetivo era obtener ventajas para las empresas, sin prestar atención a la calidad del servicio. Los usuarios, atrapados en un monopolio natural, nunca tuvieron representación en los entes de control, que teóricamente debían auditar las prestaciones.

¿Qué pasó con las inversiones y las tarifas?

Las empresas no invirtieron lo necesario para renovar las redes, y las deficiencias se repitieron. Sus directivos argumentan que las tarifas fijadas por los gobiernos respondían a intereses políticos y no cubrían los costos de mantenimiento. Además, reconocen que no pagaron al proveedor mayorista de energía durante largos períodos. A pesar de la existencia de organismos estatales de control, estos hicieron la vista gorda ante las irregularidades.

La condonación de deudas y sus consecuencias

Recientemente, el gobierno nacional condonó las deudas de estas empresas con el ente mayorista, y la Provincia decretó que no habrá sanciones ni multas para los titulares de los servicios, argumentando que las tarifas fueron fijadas arbitrariamente. Esta medida, lejos de aliviar la situación, profundiza la sensación de impunidad.

Los perjuicios en territorio bonaerense son incalculables, tanto para los hogares como para las empresas comerciales e industriales. Quienes buscaron resarcimiento por la vía judicial tuvieron que enfrentar procesos larguísimos, y solo unos pocos lograron algún resultado. Los organismos de control, como graficó EL DIA, permanecieron “ciegos, sordos y mudos”.

¿Cuál es el camino a seguir?

El diario ha insistido en la necesidad de que los usuarios participen activamente en los organismos de control. Es momento de planificar el futuro, con un plan de inversiones que renueve las redes y se adapte a las demandas del cambio climático, que incrementará el consumo en hogares, comercios, industrias y servicios esenciales como salud, educación y seguridad.