El control facial en hospitales de Río Negro desató un pedido de informes que podría frenar todo

Un grupo de legisladores libertarios y aliados quiere saber qué pasa con los datos biométricos de los trabajadores de la salud en Río Negro. Presentaron un pedido de informes al Gobierno provincial para que explique cómo funcionará el sistema de reconocimiento facial que se usa para controlar la asistencia del personal del Ministerio de Salud.

La iniciativa apunta a los ministerios de Salud y Modernización, y a la empresa estatal ALTEC. Los legisladores quieren conocer las condiciones en que se van a recolectar, almacenar y usar los datos faciales de los empleados sanitarios. Firman el proyecto María Laura Frei, Juan Martín, Ofelia Stupenengo y Juan Murillo Ongaro (PRO); César Domínguez y Marcela González Abdala (La Libertad Avanza); y Daniel Sanguinetti (Cambia Río Negro).

¿Es obligatorio o se puede elegir?

Una de las principales dudas es si el fichaje por reconocimiento facial será obligatorio o si los empleados podrán optar por otros métodos que no requieran entregar información biométrica. Entre las alternativas que mencionan están las tarjetas magnéticas, códigos PIN, planillas firmadas o la presentación del DNI.

También preguntan qué pasa si un agente se niega a registrar su rostro. ¿Puede quedar como inasistencia injustificada? ¿Le descuentan el presentismo? Quieren saber además qué protocolo se aplica cuando el sistema falla por cortes de energía, problemas de conexión o fallas técnicas, sobre todo en los cambios de guardia.

Qué pasa con los datos biométricos

El pedido reclama una copia de la Evaluación de Impacto en Protección de Datos que se hizo antes de las pruebas piloto y de instalar los dispositivos en el hospital de San Antonio Oeste y otros centros sanitarios. Además, piden información sobre dónde se van a guardar esos datos faciales, si se contratarán servidores privados o en el exterior, qué medidas de seguridad tienen, y quiénes van a poder acceder a esa información.

También quieren saber por cuánto tiempo se guardan los datos y cómo se eliminan cuando un trabajador deja de trabajar. Y algo clave: si hay cláusulas que impidan a las empresas proveedoras usar esas métricas faciales para entrenar modelos de inteligencia artificial o venderlas a terceros.

¿Errores del sistema pueden generar descuentos?

Los legisladores advierten que el sistema podría generar falsas inasistencias si falla la identificación. Por eso preguntan si las decisiones van a ser automáticas o si habrá una revisión humana antes de aplicar sanciones. También quieren saber cómo funciona el reconocimiento cuando los trabajadores usan barbijos, cofias, anteojos recetados u otros elementos de protección típicos de los hospitales.

Otro punto que preocupa es si se hicieron pruebas para detectar diferencias en la precisión del sistema según el tono de piel, género, edad o rasgos físicos.

¿Cuánto cuesta y quién lo contrató?

El pedido también exige que el Gobierno informe el costo total de la implementación, con un desglose de equipos, licencias y mantenimiento. Y que explique el encuadre legal de la contratación entre el Ministerio de Salud, ALTEC y las empresas privadas. Quieren saber por qué se eligió el reconocimiento facial en lugar de métodos menos invasivos como tarjetas de proximidad o lectores de huellas.

En los fundamentos, los autores aclaran que apoyan la modernización del Estado y el control del presentismo, pero sostienen que eso no debe vulnerar derechos laborales ni las leyes de protección de datos personales. “No nos oponemos al control; exigimos que el control se haga bien”, dicen en el proyecto.

El pedido todavía tiene que ser tratado en la Legislatura para que la información sea solicitada formalmente a los organismos provinciales.