El convenio que Río Negro firmó por 30 años: la oposición reveló cuánto deja a la provincia

El bloque del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro votó en contra del acuerdo entre Río Negro y Oldelval y expuso sus argumentos en la sesión de ayer. La oposición aclaró que no rechaza la llegada de empresas a la provincia, sino las «condiciones desproporcionadas» del convenio, que según el espacio «dejan ingresos ínfimos para Río Negro y comprometen su autonomía regulatoria y tributaria por tres décadas».

Leandro García fue el encargado de detallar la postura del bloque. En su discurso, el legislador sostuvo que «la provincia debe ser un polo de atracción para el desarrollo, pero no a costa de hipotecar sus recursos y aceptar migajas».

Lo acompañaron en el rechazo sus compañeros de bancada Daniel Belloso, Alejandra Más y Luis Ivancich, junto a los legisladores de Vamos con Todos Magdalena Odarda, Ayelén Spósito y Luciano Delgado Sempé.

Los números del convenio

García repasó las cifras del acuerdo y las contrastó con el beneficio que queda para la provincia. La inversión de la obra asciende a USD 233 millones, con una capacidad de transporte de 35.000 m3 de petróleo diarios.

Con la tarifa fijada por la Resolución 256/25 de la Secretaría de Energía en USD 12,38 por m3, la facturación bruta estimada para la firma privada supera los USD 433.000 por día y llega a los USD 158 millones al año.

Frente a esos volúmenes, el beneficio directo para Río Negro se reduce a un pago por única vez de USD 4 millones y un canon anual de apenas USD 200.000.

«Atados de pies y manos»

El legislador apuntó contra la relación entre lo que factura la empresa y lo que aporta a la provincia: «Con 10 días de facturación bruta, la empresa recupera todos los aportes que le exige la provincia. A cambio de este exiguo aporte, Río Negro entrega estabilidad tributaria y regulatoria por 30 años, quedando atados de pies y manos frente a corporaciones que se llevan ganancias extraordinarias».

García también cuestionó el destino de los recursos asignados, que según dijo apenas alcanzan para reasfaltar 6 kilómetros de las rutas 151 y 22, arterias nacionales transferidas por el Ejecutivo nacional sin los fondos provinciales que se recaudan por el impuesto a los combustibles.

«Mientras batimos récords por exportación de gas y petróleo, los argentinos se endeudan para pagar tarifas de gas dolarizadas y encima quieren eliminar la zona fría, necesitamos otro modelo de Estado para que la explotación de los recursos naturales genere beneficios concretos para nuestra gente. Estos convenios demuestran que con el RIGI las empresas ganan mucho, las rutas e infraestructura vial está destruida y los beneficios derraman poco», disparó.

Para cerrar, el legislador sostuvo que defender los intereses de los rionegrinos implica exigir acuerdos justos y equitativos, que generen un verdadero impacto en la infraestructura pública y el bienestar social de la región.