El costo de la energía se disparó con la desregulación y el bolsillo de los argentinos lo siente

El Gobierno de Javier Milei prometió que la desregulación del mercado eléctrico iba a aliviar el bolsillo de los argentinos. Pero la realidad terminó siendo muy distinta: el costo de generar electricidad subió y esa suba la pagan los usuarios y el Estado.

Un informe privado revela que el costo de generación pasó de US$68 por MWh en el primer semestre de 2025 a alrededor de US$90 en el mismo período de 2026. Esto impactó de lleno en lo que pagan los hogares y las industrias. Desde diciembre de 2023, la canasta de luz, gas, agua y transporte se incrementó un 966% en el AMBA.

Y lo más llamativo: los subsidios no se eliminaron, como aseguraba el oficialismo. Al contrario, la cobertura de los usuarios se mantuvo entre el 50% y el 65% del costo total, porque cada vez que las tarifas subían para achicar la brecha, nuevas modificaciones regulatorias volvían a encarecer el sistema. Así, la energía termina teniendo un doble costo: una parte se paga en la factura y otra vía impuestos que financian los subsidios.

¿Qué pasó en el mercado eléctrico?

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) no es un mercado libre. El Estado, a través de la Secretaría de Energía, fija las reglas que determinan cómo se declaran los costos, cómo se remunera la potencia y la energía, cómo se asignan los combustibles y cómo se define el despacho.

Según un informe de la Fundación Encuentro, durante 2025 y lo que va de 2026 esas reglas se modificaron sucesivamente con el argumento de avanzar hacia la desregulación. Pero el resultado fue que el costo de generación subió de US$68/MWh a US$90/MWh en el promedio del primer semestre, según datos de CAMMESA. En junio y julio, el costo del mercado spot llegó a superar los valores de Chile, un país que no tiene gas natural propio.

Ese costo de generación es la base para calcular cuánto pagan los usuarios y cuánto cubre el Estado con subsidios. Cuando aumenta el valor reconocido por cada MWh, la presión se traslada directamente a las facturas, al Tesoro o a ambos.

Las cuatro decisiones que encarecieron todo

El informe identificó cuatro decisiones del último año que explican este proceso. Todas tienen un efecto común: elevaron el costo que el sistema reconoce por la energía y, por ende, lo que deben afrontar los usuarios y el Tesoro.

La primera es la Resolución 400/2025, que modificó la remuneración de las centrales térmicas. Ahora, los generadores que gestionan su propio combustible pueden declarar cada quince días su Costo Variable de Producción y ubicarlo hasta un 25% por encima del precio de referencia. Para los especialistas, eso terminó aumentando el costo declarado por las centrales.

La segunda fue la concesión por 30 años de las represas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila. El Estado recaudó US$707 millones por la firma de los contratos en diciembre de 2025, pero la privatización incluyó un nuevo esquema de remuneración: durante los primeros dos años, el 95% de la energía se vende a un precio regulado de entre US$15 y US$20 por MWh, por encima de lo que costaba bajo gestión estatal. Y el precio irá subiendo con el tiempo, sobre activos construidos con inversión pública.

El tercer factor es Yacyretá. Hasta junio de 2025, la represa tenía dos conceptos de remuneración en pesos que se actualizaban por resoluciones. Desde el 11 de junio, la Resolución 288/2025 los unificó en un único valor de US$28 por MWh. Ese aumento estuvo vinculado al compromiso de Milei con Paraguay en abril de 2025, formalizado por el Decreto 303/2025. Así, la remuneración pasó de US$17 a US$28 por MWh, encareciendo una de las fuentes más baratas del sistema.

El cuarto factor es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que debía llevar gas de Vaca Muerta a las centrales térmicas para reemplazar combustibles líquidos importados y bajar costos. Pero el gas se priorizó para la demanda residencial, y las centrales quedaron expuestas a fuentes más caras. Además, el Gobierno dejó sin efecto en julio de 2024 la licitación TerConf, que iba a sumar 3.340 MW de nueva potencia térmica con una inversión de US$4.000 millones. Recién este mes se anunció que volverá a licitarse, pero dos años más tarde y, según el mercado, más cara.

El impacto en las cuentas públicas

Estas decisiones también golpean al Estado. Los subsidios a la energía aumentaron 69% nominal y 30% real interanual hasta julio. Las transferencias a CAMMESA crecieron 114% nominal y 62% real. En el primer semestre, el Estado transfirió US$2.147 millones en subsidios energéticos, un 80% más que en 2025.

Si sigue esta dinámica, los subsidios podrían superar los US$3.500 millones en 2026. La paradoja es que los usuarios ya sufren fuertes aumentos, pero el costo reconocido al sistema sigue subiendo y nunca alcanza para cubrir la energía. Si se trasladara toda la suba a las boletas, los hogares verían aumentos de entre 30% y 100% según consumo y tipo de usuario, algo imposible para muchas familias y empresas.

El informe concluye con una advertencia: el aumento en las facturas no es una elección individual, como sugería el vocero presidencial al proponer abrigarse más. "Cuando el costo de la energía aumenta por decisión regulatoria, el impacto se distribuye entre hogares, industrias, comercios, provincias enteras y el Estado. Aunque te abrigues más, vas a pagar más caro".