El crédito del Banco Nación que compró la casa de Campero y el enigma de la causa frenada
Más de mil funcionarios accedieron a créditos del Banco Nación y la lista incluye a Campero, Massaccesi y hasta un Menem de 24 años. La casa en Yerba Buena y los departamentos porteños se pagaron con plata del Estado, pero la causa que lo investiga sigue congelada en Comodoro Py. ¿Por qué no avanza?
La línea de créditos hipotecarios +Hogares con BNA se convirtió en el centro de una polémica que cruza a todo el arco político: una investigación reveló que más de mil funcionarios y dirigentes accedieron a préstamos del Banco Nación con fondos públicos, y entre los beneficiarios aparecen nombres del gabinete libertario, legisladores y asesores del riñón económico.
Según los registros patrimoniales que relevó Perfil a partir de una investigación de Letra P, el diputado tucumano Mariano Campero, de La Libertad Avanza, utilizó uno de esos créditos para comprar una propiedad de 992 metros cuadrados en Yerba Buena. La operación se concretó el 16 de mayo de 2025 y el valor declarado fue de $301.932.800.
Lo que llama la atención del caso Campero es la diferencia entre el desembolso inicial del banco y la deuda que figura en los registros. El Banco Nación entregó $275 millones, pero en la Central de Deudores del Banco Central el pasivo del legislador aparece en $368.333.000. Esa disparidad se explica por el sistema UVA: el saldo se ajusta por inflación de forma diaria, y la deuda reconocida ya supera los $322 millones.
Los casos que incomodan al oficialismo
Otro de los nombres que generó rispideces internas fue el de Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano. Accedió a un crédito de $198.723.538 para comprar un departamento de 93 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, valuado en $225 millones. La ministra Sandra Pettovello lo apartó al principio por “falta de austeridad”, aunque después tuvo que explicar que fue una reestructuración del área.
También está Juan Carreira, más conocido como “Juan Doe”, director de Comunicación Digital de Presidencia. En diciembre de 2025 compró el 50% de un departamento de 44 metros cuadrados en CABA, tasado en $96.200.000, con un préstamo del BNA por $170.332.299. Su patrimonio saltó de $23 millones a $120 millones en un año, un aumento del 421,7% cuando la inflación fue del 31,5%.
El caso de Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, también generó repercusión: con apenas 24 años y sin trayectoria laboral previa, recibió $357 millones del BNA y compró un piso de 60 metros cuadrados en CABA por $339,5 millones. Su patrimonio creció un 532%, al pasar de $57,5 millones a más de $363,8 millones.
El “team” Caputo y el Banco Central
El equipo económico también aprovechó las condiciones de la entidad que preside Daniel Tillard. Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, obtuvo $373 millones y compró una casa de 389 metros cuadrados en San Isidro por $191,5 millones. Felipe Berón, subsecretario de Servicios Financieros, accedió a $362 millones para adquirir un lote de 3.000 metros cuadrados en el barrio privado “La Retama”, en Pilar, tasado en unos 275.000 dólares.
Federico Furiase, secretario de Finanzas, tomó un crédito de $367 millones con una tasa estimada del 8%, aunque todavía no se sabe en qué invirtió los fondos porque no figura en sus declaraciones juradas. Y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, recibió $606 millones para comprar un departamento de 133 metros cuadrados en Capital Federal valuado en $55,3 millones, con un pasivo que todavía supera los $454 millones.
Ante las críticas, Caputo salió a respaldar a sus colaboradores: aseguró que “no hay nada ilegal y mucho menos inmoral” en tomar estos créditos.
Una causa que no avanza
La denuncia penal la presentó la diputada Mónica Frade por presunta administración fraudulenta y tráfico de influencias. El juez Ariel Lijo había empezado a tomar medidas de prueba y pidió auditorías a la Auditoría General de la Nación, pero la Cámara Federal unificó los expedientes y le sacó la causa de las manos.
Ahora la instrucción está en el juzgado de María Romina Capuchetti, el expediente se encuentra bajo secreto de sumario y la investigación está prácticamente paralizada: no hay imputaciones ni audiencias indagatorias, y todo espera los informes técnicos contables.
