El crimen de Nancy Godoy: la escuela vacía que destapó un negocio de caza furtiva

El femicidio de la docente Nancy Estela Godoy, encontrada apuñalada en un bañado cerca de Esquina, puso bajo la lupa un entramado de cotos de caza, presuntas irregularidades en los controles provinciales y denuncias por tráfico de trofeos de fauna silvestre.

El cuerpo apareció el 29 de octubre pasado en un punto perdido de un vasto polígono de unas 300.000 hectáreas entre Esquina y Sauce, semisumergido en un bañado y lejos de cualquier centro urbano. Este miércoles, familiares, amigos y vecinos despidieron a la docente en una ceremonia abierta en la Plaza 9 de Julio de Esquina, un encuentro emotivo pero atravesado por preguntas sin respuesta.

Se sabe que murió apuñalada, pero aún se desconoce cuál fue su calvario previo. El móvil del femicidio también es un misterio, aunque el contexto en el que ocurrió y la posibilidad de que el crimen esté vinculado con la actividad cinegética —que atrae a cazadores extranjeros y deja cuantiosas ganancias a los guías que organizan el despliegue— concentran las sospechas.

La escuela fantasma y el vaciamiento

Godoy había asumido como directora suplente de la escuela N° 626, del paraje El Malezal. Para llegar, después de un viaje extenuante de varias horas, en ruta y a caballo, a campo traviesa, se internaba en la estancia El Curupí. Ella se animó a denunciar el estado de abandono del establecimiento rural, al que calificó como “una escuela fantasma con alumnos fantasmas”. El director anterior cobraba por su cargo, pero no iba. Esa ausencia no solo dejó a los niños sin clases, sino que también dejó librada la zona a la buena de Dios.

El vaciamiento de la escuela podría haber sido funcional a la organización de la caza furtiva. La ley provincial prohíbe que los cotos funcionen a menos de 1500 metros de poblados, pueblos o ciudades.

Según denuncias de vecinos de Esquina y Sauce recopiladas por LA NACION, una parte de la estancia El Curupí podría haber sido usada —incluso sin que sus dueños lo supieran— como un coto de caza ilegal para el turismo cinegético. La hipótesis es que uno de los presuntos autores materiales del asesinato, Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia, habilitaba la actividad de cazadores de sitios colindantes, aun cuando ese terreno en sí no estaba habilitado por la Dirección de Flora y Fauna de Corrientes.

El negocio de la caza y las sombras del control

En la provincia, Esquina, Sauce y Curuzú Cuatiá son conocidas como capitales del turismo de caza, y varios negocios del rubro funcionan en las adyacencias de la estancia. Uno de ellos se llama AR Hunting. Según la localización publicada en Google Maps, hay unos 56 kilómetros entre casco y casco, aunque si se considera la superficie de cada establecimiento, la cercanía entre ambos terrenos es aún mayor.

El Curupí tiene más de 12.000 hectáreas y AR Hunting, de acuerdo con el contrato de arrendamiento al que accedió LA NACION, mide 4000 hectáreas. A pesar de ello, en redes sociales AR Hunting se presenta como un coto de 20.000 hectáreas y muestra imágenes de cazadores extranjeros cazando ciervos, una especie habilitada en la provincia.

En enero pasado, una organización internacional especializada en la investigación de redes de tráfico de fauna recibió una alerta que puso el foco en esa zona. Desde abril de 2025, un grupo de cazadores e influencers brasileños comenzó a promocionar viajes de turismo cinegético —incluso no regulados— hacia Sauce y Esquina. Según la información relevada por esa organización, esos cazadores no solo organizan las excursiones, sino que también aseguran contar con “la colaboración” de un “inspector local de vida silvestre”. En coordinación con este funcionario, se encargarían de garantizar que los animales cazados sean exportados sin inconvenientes como “trofeos” a los países de origen de sus clientes. Para poder transportarlos, los cotos de origen deben contar con registro y habilitaciones de las autoridades provinciales.

Si se quieren exportar los trofeos a países como Brasil, Estados Unidos o España, además se requiere la aprobación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Hasta hace unos meses, Sauce no contaba con ninguna de estas habilitaciones para sacarlos del país, según corroboró LA NACION a través de un pedido de acceso a la información. La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) de la Procuración General de la Nación abrió una carpeta de investigación por sospechas de contrabando a partir de un pedido de la Policía Federal Argentina, tras detectar posibles funcionarios implicados en la presunta operación.

El inspector señalado

En Sauce hay un inspector de flora y fauna de la Dirección Provincial de Recursos Naturales que fue señalado por múltiples fuentes consultadas —vinculadas tanto al turismo cinegético como al gobierno nacional— como “un actor clave” en este presunto esquema opaco. Su nombre es Diego Miguel Ruiz Díaz y trabaja ad honorem. Tiene, además, un negocio de aberturas en Sauce. Hace menos de cinco años era conocido por ser cazador furtivo en la zona y fue catalogado así por su superior, el director de Recursos Naturales de la provincia, Agustín Portela, en diálogo con LA NACION en junio pasado. “Varios [inspectores] lo son. Saben perfectamente dónde están las trampas y las anomalías en ese mundo”, justificó.

Antes de ser funcionario, Ruiz Díaz tuvo una carnicería donde vendía ciervo rojo, que luego fue clausurada por no contar con la aprobación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En sus redes sociales se muestra como un amante de la pesca y la caza, además de ser un ferviente promotor del radicalismo correntino del gobernador Juan Pablo Valdés. Su momento de mayor presencia mediática fue en las elecciones presidenciales pasadas, cuando protagonizó una celebración peculiar del triunfo libertario: disparó al suelo mientras gritaba “¡Vamos Milei, carajo!”. Cuatro fuentes vinculadas al mundo de la caza en Sauce y localidades cercanas describieron a este funcionario como “abusivo” y “extorsivo”. Varias irregularidades han sido reiteradamente denunciadas incluso ante la Justicia provincial.

Consultado por LA NACION respecto de estas acusaciones, Ruiz Díaz explicó que desde que es inspector, en 2021, ha recibido una serie de acusaciones del mundo cinegético local. “Hace cuatro o cinco años que estoy en esto. Al principio me volvía loco porque te dicen ‘vos sos esto, vos sos lo otro’. Acusan, acusan, y después resulta que no pasa nada porque era toda mentira”, añadió.

Nueve denuncias

Entre 2022 y 2025, Ruiz Díaz acumuló nueve causas, de acuerdo con información de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de la localidad de Curuzú Cuatiá; varias de ellas son por delitos simples, aunque hay otras más graves. Los hechos incluyen abuso de autoridad, detenciones injustificadas, ser depositario infiel, incumplimiento de deberes, hurto, lesiones leves y asociación ilícita. Si bien fue absuelto en una de estas, el resto permanece en trámite.

El abogado de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, Diego Diratchette, minimizó las denuncias. Agregó que son parte de una especie de organización coordinada de cazadores disconformes, pero que simplemente buscan manchar la imagen de la dirección. Lo planteó como una suerte de confabulación y advirtió que tienen identificados a todos los participantes. LA NACION le consultó si tomarían medidas legales, a lo que respondió que no. “Esperamos que todas las causas se caigan por su propio peso”, justificó.

El letrado consideró que varios de los expedientes serían archivados. Según él, uno de ellos —y el más grave de todos— es el de asociación ilícita. Consultados por este caso, desde la fiscalía de Curuzú Cuatiá negaron que vaya a ser archivado próximamente.

Colegios y cotos

La ley provincial número 6691 se promulgó en Corrientes para registrar los cotos de caza y también para regularlos. En su artículo 3° se prohíbe expresamente la autorización de predios que se encuentren en zonas cercanas a poblados. Textualmente plantea: “No se autorizarán Cotos de Caza cuyos predios se encuentren ubicados a una distancia inferior a mil quinientos metros de los poblados, pueblos o ciudades. Desde esta distancia los cazadores podrán en todos los casos, con la correspondiente instrucción de su guía de caza, efectuar los disparos en dirección contraria a los poblados”.

De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación del femicidio, la escuela donde Nancy Godoy daba clases sería solo uno de varios establecimientos educativos que convergen con cotos de caza en la zona. La locación en el contrato de arrendamiento es difusa; sin embargo, AR Hunting registró públicamente una ubicación cuyo acceso está a pasos de la Escuela Primaria Común N° 283. LA NACION consultó a Diego Ruiz Díaz al respecto de este y de otros cotos habilitados por la provincia. Hasta la publicación de este informe no ha recibido respuesta.