El cuñado de Urribarri salió de la cárcel, pero hay un lugar al que no puede volver
Salió de la cárcel uno de los acusados por los contratos truchos de la Legislatura, pero la Justicia le puso una condición que le cambia la vida cotidiana: no puede cruzar los límites de la ciudad. Qué ofreció su defensa para lograrlo.
La jueza de Garantías de Paraná, Marina Electra Barbagelata, resolvió este miércoles otorgar la excarcelación de Alejandro Almada, uno de los imputados en la causa conocida como los Contratos truchos de la Legislatura entrerriana, y rechazó de plano el intento de la Fiscalía de estirar otros 90 días su prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial.
La definición llegó en el marco de una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal había sembrado la sospecha de una posible fuga y había pedido que el acusado siguiera tras las rejas. La magistrada, en cambio, terminó dándole la razón a la defensa.
Quién es el hombre que recuperó la libertad
Almada cumplía funciones en la Cámara de Diputados bajo la modalidad de home office y está acusado de fraude contra la Administración Pública. Sobre él pesa un pedido de pena de 10 años de prisión.
Su vínculo familiar lo ubica en el centro de la trama: es cuñado de Juan Pablo Aguilera, quien a su vez es cuñado del exgobernador Sergio Urribarri. Ambos purgan condena en la cárcel de Gualeguaychú por otras causas, las que se ventilaron en el megajuicio que reunió varios expedientes y que llegó a juicio oral en 2022.
En este expediente, los fiscales lo señalan como una pieza clave de la organización que se dedicaba a vaciar las arcas de la Legislatura mediante contratos apócrifos.
La acusación: una estructura y una cifra millonaria
Según la acusación, al menos entre 2008 y 2018 un grupo integrado por personas ajenas al Estado y otras que ocupaban cargos públicos se ocupó de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La estimación de lo desviado que hicieron los fiscales asciende a 53 millones de dólares.
Para la Fiscalía, en los escalones más altos de la organización estaban Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el propio Almada, empleado de esa repartición; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.
La causa arrancó con 32 imputados, pero varios consiguieron salidas alternativas como probation o juicios abreviados. Así, quedaron 18 acusados camino al juicio oral: Flavia Beckman, Hugo Mena, Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Juan Domingo Orabona, Jorge Enrique De Breuil, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.
Fiscalía contra defensa: dos relatos opuestos
En la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Ignacio Aramberry y Patricia Yedro —con el respaldo de la Fiscalía de Estado— pidieron extender la prisión preventiva por 90 días más. Argumentaron que el riesgo de fuga era latente y verosímil: recordaron que Almada ya había incumplido medidas restrictivas en 2019, que registraba alrededor de 400 salidas a Brasil y que contaba con facilidades logísticas gracias a la agencia de viajes de su expareja.
Además, rechazaron que su entrega en septiembre en Foz de Iguaçu (Brasil) haya sido un acto espontáneo: sostuvieron que se produjo porque existía una orden de detención en su contra.
Del otro lado, el defensor Miguel Ángel Cullen desestimó los planteos y cuestionó que se estuviera usando la prisión preventiva como "un castigo" anticipado. Para el abogado, la comparecencia de su cliente demostró que no había peligro de evasión.
Para asegurar que Almada siga sometido al proceso en libertad, la defensa ofreció una serie de medidas: retención del pasaporte con aviso a Migraciones, prohibición de salir del país y entrega en caución real de la vivienda familiar ubicada en la calle Los Ceibos de Paraná.
La resolución y las condiciones que deberá cumplir
La jueza Barbagelata aceptó la fianza patrimonial ofrecida y dispuso la excarcelación inmediata del imputado. Acto seguido, lanzó una advertencia tajante: si Almada intenta fugarse, el inmueble pasará a ser propiedad del Estado.
También fijó límites territoriales estrictos para el ejercicio de la libertad concedida. La prohibición es absoluta: no puede salir de la ciudad de Paraná. A eso se suma la obligación de presentarse entre semana en la Fiscalía y los fines de semana en la comisaría más cercana.
Fuente: Uno Entre Ríos
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