El cura de Simoca podría zafar del juicio: los dos fallos en los que se apoya el fiscal

El fiscal Gerardo Salas tiene en sus manos la causa que investiga al cura Pablo Valdez, imputado por abuso de una adolescente que concurría a su parroquia en Simoca. Su postura es que la relación fue consentida y que no hay pruebas suficientes para llevar el caso a juicio oral. Para sostenerlo, citó dos fallos que podrían terminar sobreseyendo al sacerdote: Vélez y Trápani.

Qué dicen los fallos que invoca el fiscal

El fallo Vélez sobreseyó a cuatro jugadores de fútbol acusados de abuso por una periodista tucumana. La Justicia entendió allí que la mujer había consentido la relación y que luego le dio otro significado a lo ocurrido. Salas toma esa línea: considera que la denunciante de este caso "reinterpretó" lo que vivió con el párroco cuando era menor de edad.

El otro antecedente es Trápani, la sentencia que anuló las condenas de Franco Trápani y Álvaro Rodríguez por abuso sexual contra Carolina Monteros. En ese expediente no se habló de reinterpretación, sino de falta de pruebas que respaldaran el relato de la víctima. El fiscal sostiene que acá pasa algo similar: no hay elementos externos que confirmen que hubo abuso y no una relación de noviazgo.

Las dos declaraciones de la víctima

La joven declaró en cámara Gesell en 2022, cuando todavía era menor de edad, y volvió a hacerlo en 2025, ya con 21 años. Salas le da validez a la primera y descarta la segunda. ¿El argumento? Que en la primera dijo que la relación había sido consentida y que la segunda es una "resignificación" de los hechos.

Pero el contexto de esa primera declaración es clave. La adolescente venía de un intento de linchamiento contra el cura, del que sus padres se enteraron y que terminó con la joven desmayada en la vereda. Al recobrar el conocimiento, según relata la abogada Luciana Gramaglio, la llevaron a la comisaría local. Allí, un comisario de apellido Valenzuela le habría dicho: "Dejá de hacer acting, si lo querés, no lo hundás más, dejá de hacer show; si querés después andá a tu casa y ahorcate, matate, pero a él dejalo".

Para Salas, esa declaración es la válida: la de una menor en shock, sin abogado y en boca de todo el país. La de 2025, en cambio, la descarta aunque la joven ya tenía representación legal y acompañamiento de una fundación que asiste a víctimas.

La asimetría que el fiscal no considera abuso

El propio Salas admite en su escrito que existió "una relación asimétrica por la edad y por la posición institucional del imputado". Valdez tenía 54 años y la adolescente, 16. También reconoce que la menor describió un "cuadro en el que coexistían una relación afectiva asimétrica, insistencias, situaciones de incomodidad y conflictos".

Sin embargo, el fiscal sostiene que eso no alcanza para probar que los actos hayan sido "intimidatorios de una relación de poder" ni que hayan impedido el consentimiento. Para reforzar su postura, cita en mayúsculas una frase de la declaración de 2022: cuando le preguntaron si alguna vez había pasado algo sexual que no quisiera, la respuesta fue "NO, ESO SÍ QUE NO".

La joven, hoy mayor de edad, sostiene exactamente lo contrario. En un comunicado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, relató: "Yo tenía 14 años, sufría bullying en la escuela y fui a la parroquia buscando la contención de Dios. A los curas los veía como a los representantes de Él en la Tierra. Valdez era eso para mí. En la cámara Gesell conté todo lo que viví, declaré las violencias sexuales que sufrí y cómo me pedía que no hablara, que tenía que cuidarlo porque podía ir preso. Durante mucho tiempo cargué con esa culpa y con el silencio que él me imponía. Pero esto jamás fue una relación: él tenía cuarenta años más que yo, se aprovechó de mi edad y de la confianza que yo había depositado en él como sacerdote, y me obligó a hacer cosas que yo no quería. Yo ya conté mi verdad. No permitan que cierren mi causa. Solo pido que haya un juicio oral y que la Justicia me dé la oportunidad de ser escuchada".

El origen del escándalo y las idas y vueltas de la causa

Todo estalló en 2022, cuando los padres de la adolescente descubrieron los encuentros sexuales entre el sacerdote y su hija. La Iglesia católica lo suspendió y se puso a disposición de la familia. La primera fiscal que tuvo el expediente pidió archivarlo dos veces y les dijo a los padres que, aunque la conducta del cura era "moralmente reprochable", no constituía un delito.

Cuando la víctima cumplió la mayoría de edad, impulsó el desarchivo. El sacerdote fue imputado y un juez reprochó con dureza el accionar de la fiscalía anterior: habló de un "cuando menos reprochable e inentendible accionar de una unidad fiscal que se dice especializada en la investigación".

Este año, la causa cambió de manos y llegó a Salas, que ahora pide el sobreseimiento. Su argumento central es que no hay pruebas externas que demuestren abuso. Menciona un informe psicológico que describe sintomatología compatible con una vivencia traumática, pero lo descarta porque se basa en un tratamiento "clínico-terapéutico" y en los dichos de la paciente. También señala que el peritaje de los celulares no encontró mensajes, llamadas ni registros de contenido coercitivo, amenazante o extorsivo.

Si el pedido del fiscal prospera, el caso no llegará a juicio oral. La palabra de la joven y la defensa de Valdez nunca serán escuchadas por un tribunal que determine si hubo abuso o una relación consentida. La decisión está en manos de la Justicia.