El cura de Simoca que iba a quedar preso, pero un fiscal pidió que lo suelten

Un pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) podría dejar sin acusación al sacerdote Pablo Valdez, imputado por abuso sexual de una menor de 16 años en Simoca. La solicitud de sobreseimiento fue formulada este lunes y la decisión quedará en manos del juez, que resolverá en los próximos días.

El caso saltó a la luz pública en mayo de 2022, cuando vecinos y familiares de la adolescente se enteraron de lo ocurrido y rodearon la parroquia Nuestra Señora de la Merced para intentar linchar al párroco. La Policía tuvo que intervenir para rescatarlo, mientras la joven se desmayaba en medio del desorden.

Un expediente que fue y volvió

Desde entonces, la causa recorrió un camino lleno de marchas y contramarchas. La fiscal Eugenia Posse, titular de la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento en Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Contra la Integridad Sexual del Centro Judicial de Monteros, decidió archivarla en dos oportunidades.

Según la abogada querellante Luciana Gramaglio, que representa a la menor, la fiscal consideró que los hechos no configuraban un delito sexual sino un comportamiento "moralmente reprochable" del sacerdote, de 54 años, y entendió que la adolescente había consentido la relación.

Cuando la joven alcanzó la mayoría de edad, buscó reabrir la investigación. Con el acompañamiento de Gramaglio y de los abogados Martín González y Aldana Molina Franco, pidió el desarchivo. El Tribunal de Impugnación declaró nulo el archivo y advirtió que se trataba de un acto arbitrario que restringía el acceso a la Justicia de la joven, según consignó la letrada en el sitio Meta Crisis.

La imputación y el nuevo pedido

La causa se reactivó bajo la órbita de la fiscal Mónica García, que reunió elementos suficientes para pedir la imputación. "El 26 de noviembre, tras casi un año de insistencia por parte de la víctima para ser escuchada y lograr que su causa avanzara, el juez (Mario) Velázquez confirmó la imputación de Valdez por abuso sexual agravado", relató Gramaglio.

En su resolución, el magistrado apuntó contra la unidad fiscal especializada: "Valen aquí también las críticas, cuanto menos reprochable e inentendible accionar de una unidad fiscal que se dice especializada en la investigación y juzgamiento de delitos contra la integridad sexual y la violencia de género en la presente causa. Aparentemente no tuvo en cuenta los múltiples parámetros legales, constitucionales y convencionales que deben rodear la investigación de los hechos como los que motivaron este legajo".

Sin embargo, la situación volvió a cambiar. En diálogo con Tendencia de Noticias, Gramaglio explicó este lunes que otro fiscal, Gerardo Salas, pidió el sobreseimiento del sacerdote. El juez dará a conocer su decisión en los próximos días.

El reclamo de la Red de Sobrevivientes

La posibilidad de que el párroco quede otra vez fuera de la causa encendió las alarmas de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, que acompaña a la joven. La organización sostuvo que la Justicia busca cerrar el expediente antes de la llegada del papa León XIV al país, prevista para principios de noviembre.

"Pablo Valdez, de 54 años, conoció a la adolescente cuando tenía 14 años e iba a la Infancia Misionera. Valdez no era una persona cualquiera; era la máxima autoridad de la iglesia del pueblo y su confesor espiritual. Los abusos comenzaron cuando ella tenía 16 años. Él utilizó la fe de la joven, la casa parroquial y el momento de la confesión para someterla y abusarla. 'Vos me tenés que cuidar para que no vaya preso', le decía constantemente, garantizando su impunidad a través de la culpa y el silencio de la denunciante", denunciaron.

"Para justificar el sobreseimiento, la Fiscalía dice que la joven consintió. Que entre ellos, un cura de 54 años y una adolescente de 16, hubo una 'relación'. Que ella consintió todos los hechos de violencia sexual que declaró en Cámara Gesell. El lugar que tenía que ser un refugio se transformó en un espacio de coacción, violencia y abuso sexual", cuestionaron desde la organización.

Qué pasa con el sacerdote

Valdez está apartado de la parroquia de Simoca desde que estalló el escándalo y fue suspendido por la Iglesia católica. En su momento, el obispo José Antonio Díaz había manifestado que se ponía a disposición de la Justicia y de la denunciante y su familia para ayudarlos a atravesar la situación. También anunció la apertura de un proceso de investigación preliminar en el marco del derecho canónico, aunque hasta ahora se desconoce qué resultado arrojó.