El curioso pacto del Gobierno con el Norte: crea un subsidio para poder eliminar otro

En una movida que parece sacada de un manual de magia política, el Gobierno nacional selló un acuerdo con los gobernadores del Norte Grande que redefine las reglas del juego energético. Para recortar el subsidio al gas en invierno, ahora crea uno nuevo para la electricidad en verano. La paradoja no es un accidente: es el precio de gobernar sin mayoría propia en el Congreso.

El nuevo esquema de "Zonas Cálidas" nació como moneda de cambio para destrabar la reforma a la Ley de Zonas Frías, una iniciativa que promete un ahorro fiscal cercano a los $272.099 millones. Pero ese ahorro no llega solo: las provincias del NOA y NEA exigieron una compensación, y el Gobierno la encontró en un subsidio eléctrico estival.

¿Cómo se gestó el acuerdo?

El pacto se construyó sobre una delicada telaraña de desconfianzas. Los gobernadores temían que, una vez aprobada la ley, el oficialismo se olvidara de los subsidios prometidos. Del otro lado, el Gobierno desconfiaba de que, si entregaba los beneficios antes de la votación en el Senado, los mandatarios no cumplieran su parte del trato.

La solución llegó en una reunión clave con Luis Caputo y Diego Santilli: la nueva medida se publicará inmediatamente después de la sanción de la ley, un verdadero acto de fe política entre las partes.

¿Cuál es el verdadero costo fiscal?

Los números revelan una contradicción aún más profunda. El ahorro esperado con la reforma de Zonas Frías es de $272.099 millones, pero el nuevo esquema de Zonas Cálidas, sumado a otras compensaciones negociadas, implica un gasto adicional significativo. El ahorro neto sería mucho menor al anunciado, y el Gobierno termina expandiendo el gasto en un área para poder recortarlo en otra.

Este episodio es un retrato del federalismo de negociación que impera en la Argentina. El gobierno nacional compra los votos de los gobernadores con recursos y beneficios para sus provincias, contradiciendo su propio discurso de libertad de mercado y no intervención.

El desenlace deja un sabor agridulce para el oficialismo: logra avanzar en su objetivo de reducir el déficit fiscal, pero el ahorro es menor al esperado y se ve obligado a expandir el gasto en otra área. La política energética sigue siendo, ante todo, un escenario de negociación y pragmatismo donde los principios ideológicos chocan con la realidad de los números y las alianzas necesarias.