El dato que desmiente el discurso contra extranjeros en hospitales bonaerenses

Mientras un diputado libertario propone cobrarles la atención sanitaria, las estadísticas oficiales muestran que menos del 1% de las consultas en hospitales públicos de la Provincia son de extranjeros. ¿Realmente justifica un proyecto así?

El diputado bonaerense Agustín Romo (La Libertad Avanza) presentó un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en establecimientos provinciales. Justificó su iniciativa con una campaña que calificó como “anti argentina” y lanzó frases polémicas en redes sociales: “Echenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron”, escribió en su cuenta X.

¿Cuántos extranjeros usan realmente los hospitales?

Los números cuentan otra historia. Durante 2023, se registraron casi un millón y medio de consultas médicas digitales en la provincia de Buenos Aires (1.449.606). De ese total, solo el 0,2% (3.210) correspondió a personas extranjeras. La cifra se mantiene estable año tras año, sin aumentos.

Si se analizan las internaciones, la tendencia es similar: del total de pacientes internados en 2023, apenas el 0,8% fueron extranjeros no residentes, es decir, 8.970 personas sobre más de un millón de internaciones.

Un estudio de la Fundación Soberanía Sanitaria reveló que la proporción de extranjeros internados incluso viene en descenso: pasó del 1% en enero de 2023 al 0,65% en diciembre del mismo año, sin que se hubieran implementado restricciones de acceso.

La postura del ministro de Salud

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se pronunció en contra del arancelamiento. Aseguró que “es contrario al Derecho a la Salud, como bien principal, y a la Constitución Nacional que ya en su Preámbulo invita a todos a habitar el suelo argentino”. Además, señaló que “la asistencia médica a extranjeros es absolutamente marginal: los partos de personas residentes de otros países eran menos del 1% del total en el sector público, y la atención en guardias era menos del 3%”.

Kreplak concluyó: “Termina siendo incluso más costoso y problemático establecer esas barreras al acceso que brindar el servicio”.