El dato que desmonta el argumento oficial: los delitos de menores en San Juan apenas superan el 2%

Mientras la nueva Ley Penal Juvenil se prepara para entrar en vigencia el próximo sábado 5 de septiembre, una estadística oficial de los juzgados de Menores de San Juan pone en duda uno de los principales argumentos que la sustentan: los delitos cometidos por menores de 18 años representan menos del 2% del total provincial.

El juez de Menores Jorge Toro, en diálogo con Diario 13, reveló que durante 2025 se registraron cerca de 1.200 delitos protagonizados por unas 900 personas de entre 0 y 18 años. De ese total, 252 hechos –equivalentes al 21%– fueron cometidos por adolescentes de 14 y 15 años, justamente el grupo que quedará alcanzado por la baja de la edad de imputabilidad.

Pero el dato más contundente surge al comparar esas cifras con el universo general del delito en la provincia: los hechos atribuidos a personas de hasta 18 años apenas representan menos del 2% del total. Para Toro, esto demuestra que la reducción de la edad no puede presentarse por sí sola como una solución mágica para mejorar la seguridad.

“Cuando se dan estos argumentos de que, bajando la edad de responsabilidad penal, vas a aumentar los niveles de seguridad, no es real porque el delito juvenil no tiene impacto en el delito general”, sostuvo el magistrado.

Mucho más que bajar la edad

El juez advirtió que el debate no puede limitarse a incorporar a los jóvenes de 14 y 15 años al sistema penal. La nueva legislación implica un cambio profundo en la modalidad de trabajo y exige modificaciones en la estructura judicial provincial.

Según explicó, el régimen procesal vigente no es compatible en varios aspectos con la nueva ley. Los operadores judiciales necesitan, como mínimo, una actualización normativa para poder aplicar plenamente el sistema. Uno de los puntos críticos son las llamadas medidas complementarias, herramientas que pueden aplicarse junto con una pena, una suspensión de juicio a prueba, una mediación penal juvenil o una reparación.

El problema, señaló Toro, es que el actual régimen procesal no permite aplicar estas alternativas desde el inicio de la investigación, tal como establece la lógica del nuevo sistema. “Necesitamos una modificación mínima, que sea al menos normativa, para poder aplicar en forma plena este nuevo régimen”, explicó.

¿Qué delitos se perseguirán?

Otro factor que podría alterar significativamente las estadísticas es el criterio de persecución penal que se adopte. El régimen vigente establece condiciones específicas para perseguir a un menor, como la edad y la gravedad del delito. Con la nueva legislación, ese esquema cambia y será necesario definir cómo se aplicará el principio de oportunidad, es decir, qué delitos decidirá perseguir efectivamente la Fiscalía.

“Si la respuesta fuera solo a la base de la responsabilidad penal, el incremento no sería demasiado”, sostuvo Toro. No obstante, advirtió que los números podrían crecer si se decide perseguir penalmente todos los delitos cometidos por mayores de 14 años. Para el juez, lo razonable sería establecer criterios vinculados con la gravedad de los hechos.

San Juan todavía debe definir cómo aplicará la ley

A pocas semanas de la entrada en vigencia, Toro puso el foco en una cuestión que permanece sin definición concreta: cómo se implementará la ley en la provincia. El magistrado señaló que aún no existe una ley procesal específica ni una acordada de la Corte que establezca con claridad cómo deberán actuar jueces, fiscales, defensores y asesores frente al nuevo sistema.

Además, remarcó que la implementación no depende solamente del Poder Judicial. La nueva legislación requiere recursos, programas educativos especializados y estructuras destinadas al abordaje de los adolescentes que entren en el sistema penal juvenil.

Para Toro, también será necesario contar con un régimen procesal juvenil moderno y especializado, similar en su lógica al sistema acusatorio que se aplica para adultos, pero adaptado a las particularidades de los menores.

Así, el principal desafío para San Juan no será solamente comenzar a juzgar a adolescentes de 14 y 15 años. La provincia deberá adaptar su estructura judicial, definir criterios de persecución, desarrollar programas específicos y garantizar los recursos necesarios para que el nuevo sistema pueda funcionar. Y en ese escenario, las propias estadísticas de 2025 muestran que el universo sobre el que impactará directamente la baja de la edad constituye una porción muy reducida del delito total registrado en San Juan.