El dato que desmonta el informe de Greenpeace sobre Formosa: el 70% es legal
¿Sabías que el 70% del desmonte en Formosa es legal? El gobierno provincial desmiente a Greenpeace con datos satelitales y revela la verdad detrás de las acusaciones.
El Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa salió al cruce de las acusaciones de deforestación descontrolada en el Norte Argentino. Con números oficiales y satélites propios, desmintieron el alarmismo de las ONG ambientales.
¿Qué dice el informe de Greenpeace?
Organizaciones como Greenpeace denunciaron supuestas cifras récord de desmonte en la región, apuntando a los gobiernos provinciales como cómplices. Pero desde Formosa respondieron con datos concretos.
El director del Registro, Control y Fiscalización, ingeniero Wilson Dutra, calificó esas denuncias como “una simplificación sensacionalista” que mezcla actividades legales con ilícitos ambientales. “Demonizan la producción lícita equiparándola con delitos”, disparó.
El 70% del desmonte es legal
Según el sistema de vigilancia satelital provincial, de las 4375 hectáreas señaladas por las ONG, 3078 hectáreas (el 70%) corresponden a desarrollos productivos totalmente legales. Esas superficies cuentan con permiso de cambio de uso de suelo (PCUS) otorgado tras rigurosas evaluaciones de impacto ambiental.
Dutra detalló que esas hectáreas legales se concentran en solo 21 autorizaciones formales, con un promedio de 146,5 hectáreas por proyecto. Todo bajo la Ley Provincial 1660 y el Programa de Ordenamiento Territorial (POT-For).
Microdesmontes: el otro 30%
El resto, 1297 hectáreas, son intervenciones irregulares, pero no un avance descontrolado. Las imágenes satelitales de alta precisión (Landsat-Sentinel) revelaron que se trata de microdesmontes: 73 detecciones con un promedio de solo 17,7 hectáreas cada una.
“Son pequeños productores o familias rurales”, explicó Dutra. Y aseguró que la fiscalización ya neutralizó la situación: “Ninguna intervención, por menor que sea, pasa desapercibida”.
Tolerancia cero y sanciones
Para desmentir la complicidad, el funcionario detalló las acciones punitivas. De los cambios de uso de suelo no autorizados en 2026, ya se fiscalizaron 37 predios (928,71 hectáreas), todos en proceso de investigación. Las restantes 318,29 hectáreas están en notificación formal.
Las sanciones no son solo multas: exigen planes de recomposición ecológica. “La administración de nuestros recursos no responde a simplificaciones mediáticas ni a presiones externas, sino a la aplicación estricta de la ley”, concluyó Dutra.
