El dato que expone a Catamarca: dos departamentos ya superan el límite de tierras en manos extranjeras

Mientras el Senado se prepara para debatir la eliminación de los topes a la compra de tierras por extranjeros, un informe oficial revela que Tinogasta y Paclín ya superan el 15% permitido por ley. ¿Qué pasará con estos territorios si se aprueba la reforma?

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, busca derogar la Ley de Tierras Rurales N° 26.737 y otras cuatro normas vinculadas a expropiaciones, ocupaciones, desalojos y manejo del fuego. El proyecto, conocido como ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", forma parte de un paquete más amplio de reformas que el oficialismo impulsa en el Congreso.

¿Qué dicen los números en Catamarca?

Según la última actualización del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), correspondiente a agosto de 2025, el 8,22% del territorio rural catamarqueño pertenece a personas físicas o jurídicas extranjeras. Ese porcentaje ubica a la provincia detrás de Salta, Misiones y San Juan, y apenas por delante de Mendoza y Santa Cruz, en el ranking de las cinco jurisdicciones con mayor extranjerización de tierras rurales del país.

Sin embargo, ese promedio provincial esconde diferencias marcadas entre los dieciséis departamentos. Tinogasta encabeza la lista con el 26,61% de sus casi 2,3 millones de hectáreas en manos foráneas, más de diez puntos por encima del segundo puesto. Paclín, con el 20,66%, tiene una escala territorial mucho menor: apenas 98.373 hectáreas rurales, pero esa concentración proporcional es aún mayor que la del departamento cordillerano.

Ambos departamentos concentran recursos naturales considerados estratégicos: agua, minerales, glaciares y periglaciares. Tinogasta, de hecho, integra los informes nacionales sobre superposición territorial entre extranjerización, glaciares y proyectos mineros, una combinación vinculada a las reservas de agua dulce y a los yacimientos de litio de la región.

¿Qué propone la reforma?

La iniciativa plantea la derogación del tope del 15% de tierras rurales por país, provincia y departamento que hoy pueden poseer los extranjeros, además del límite adicional que impide a una misma persona o empresa extranjera adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, o su equivalente según la productividad de cada región. Ese esquema de topes es, según el texto original de la ley vigente, el mecanismo central que hasta ahora contuvo el crecimiento de la extranjerización.

El proyecto también desactiva la obligación de registrar las ventas de tierras a extranjeros y suprime al Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el organismo de control creado junto con la ley vigente para monitorear el cumplimiento de los topes en todo el país. En simultáneo, traslada a cada provincia la autoridad de aplicación de la norma, con la facultad de definir la cantidad de tierras y la localización de las que los extranjeros pueden comprar en su territorio.

La reforma no se limita a la ley de tierras: modifica también la Ley Nacional de Expropiaciones N° 21.499, que regula los casos en que el Estado puede adquirir un bien privado por causa de utilidad pública, declarada por ley del Congreso y mediante una indemnización previa. El proyecto redefine los criterios bajo los cuales esa utilidad pública puede declararse, lo que acota el uso de esa herramienta por parte del Estado.

Un segundo capítulo alcanza al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con cambios orientados a que los propietarios recuperen con mayor celeridad la posesión de sus bienes ante ocupaciones ilegales. Por último, el proyecto deroga artículos de la Ley de Manejo del Fuego incorporados en 2020, que impiden modificar durante 30 o 60 años, según el caso, el destino de bosques nativos, humedales o áreas agrícolas afectados por incendios, un mecanismo pensado como desincentivo a las quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.

¿Qué pasa en el resto de la provincia?

Según el RNTR, La Paz y Santa María se ubican en una franja intermedia: por debajo del límite legal, pero muy por encima del promedio provincial y nacional. La Paz registra un 11,72% y Santa María un 9,30%. Los doce departamentos restantes presentan niveles bajos o nulos de extranjerización, lo que muestra una concentración del fenómeno en el oeste y el sur del territorio catamarqueño.

Relevamientos de años anteriores habían ubicado también a La Paz y a Santa María por encima del 15%, junto con Tinogasta y Paclín, en un panorama de cuatro departamentos fuera de la norma legal. Los datos oficiales vigentes muestran que ambos descendieron por debajo de ese umbral, aunque continúan muy por encima del promedio provincial. La diferencia entre esas mediciones distingue dos fenómenos: la fotografía estructural heredada de titularidades anteriores a 2011, protegidas por la irretroactividad de la ley, y las variaciones más recientes en la composición de la propiedad rural de cada departamento.

Un informe del Observatorio de Tierras, elaborado por el Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA) a partir de las mismas mediciones oficiales del RNTR, ubicó a Catamarca como la quinta provincia del país con mayor proporción de tierra rural en manos extranjeras, con el 11,5% de su superficie ruralizada, más de 1,1 millones de hectáreas, en poder de personas físicas o jurídicas foráneas.

La reacción política

En medio de la creciente tensión política, el presidente de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Ledesma, lanzó duras críticas contra la iniciativa y realizó un llamado urgente a los representantes de la provincia en el Congreso. Para Ledesma, se trata de un "atentado contra la soberanía nacional" que facilitaría la concentración y extranjerización de vastas extensiones del territorio argentino.

El diputado provincial fue contundente: "Este proyecto no es otra cosa que un cheque en blanco al capital extranjero para que se apodere de nuestros recursos estratégicos", afirmó. El legislador argumentó que la norma "está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino", y advirtió que "sin tope y sin trazabilidad real del comprador final, la extranjerización deja de ser un fenómeno acotado para convertirse en un proceso sin freno institucional".

"Milei habla de libertad, pero lo que está haciendo es legalizar el saqueo de nuestros recursos. No se trata de atraer inversiones, se trata de entregar el territorio nacional al mejor postor", enfatizó. Asimismo, realizó un pedido explícito a los tres senadores nacionales que representan a Catamarca en el Congreso: "Pido a los 3 senadores nacionales sin distinción de banderías políticas o ideológicas que rechacen este proyecto en defensa de los intereses de nuestra provincia y del pueblo catamarqueño", subrayó.