El dato que incomoda al Congreso: solo una de cada mil denuncias es falsa y el 86% no tiene relación con violencia de género

Mientras avanza en el Congreso un proyecto para endurecer las penas por falsas denuncias de violencia de género, un relevamiento nacional encendió las alarmas: apenas el 0,09% de las denuncias penales son falsas, y en la mayoría de los casos ni siquiera están vinculadas a delitos de género.

La secretaria de la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de Catamarca, Marcela Whitaker, aportó cifras contundentes durante una entrevista en el programa Catamarca a Diario de INFORAMA Radio, con Mario Laplaca e Ileana López González. La funcionaria buscó ponerle números a un debate que, hasta ahora, se movía en el terreno de las percepciones.

¿Cuál es la dimensión real de las falsas denuncias?

El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos analizó datos de 19 jurisdicciones del país entre 2023 y 2025. El resultado: las falsas denuncias representan el 0,09% del total de causas penales tramitadas. En otras palabras, una de cada mil denuncias.

“Imagínense mil puntitos, uno de ellos correspondería a la realidad de las falsas denuncias en la totalidad del universo penal”, graficó Whitaker.

En Catamarca, la proporción es todavía menor: 0,02%. Y si se separan las causas por calumnias e injurias, el número baja a 0,01%. La funcionaria insistió en que estos datos surgen del análisis de expedientes y registros judiciales, y remarcó la importancia de basar la discusión en estadísticas oficiales y no en impresiones.

¿De qué se tratan realmente las falsas denuncias?

Quizás el dato más revelador es que, dentro de ese reducido universo, la mayoría de los casos no tiene que ver con violencia de género ni con delitos contra la libertad sexual de menores. “Si nosotros hacemos zoom sobre ese pequeño puntito, la mayoría se vincula con conflictos patrimoniales, vecinales, laborales”, explicó Whitaker.

El desglose es elocuente: el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra naturaleza, mientras que solo el 14% está relacionado con violencia de género intrafamiliar o afectaciones a la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes. Para la funcionaria, esta distinción es clave a la hora de evaluar una reforma penal que apunta a un fenómeno que, en los hechos, es minoritario dentro de la minoría.

El riesgo de generar nuevas barreras

Whitaker también advirtió sobre el posible impacto de endurecer las penas: el temor a ser acusado de falso testimonio podría disuadir a víctimas reales de denunciar. “Tenemos un subregistro de las denuncias que tendríamos que recibir por violencia doméstica altísimo, de un 77%”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la violencia de género sigue siendo una problemática fuertemente invisibilizada y que muchas víctimas ya enfrentan obstáculos para acceder a la justicia. “Hoy tenemos muchísimas circunstancias que operan como barreras de acceso a derecho y nuestro desafío es desarticularlas, no generar nuevas barreras”, expresó.

La funcionaria no desestimó el derecho de quienes son acusados injustamente: “El honor de las personas es un interés legítimo y nadie deslegitima los casos que existan de estas situaciones y el padecimiento humano que esto puede significar”. Pero planteó la necesidad de “dimensionarlos en la proporción que tengan como problemática social” para diseñar herramientas adecuadas.