El dato que los condenó: tres años de cárcel en suspenso y un prontuario que no perdona

Cuatro misioneros acordaron penas en juicio abreviado por el asalto a una distribuidora de mercaderías en Candelaria. Pero dos de los condenados arrastran un historial que los vincula a homicidios de alto perfil en la provincia.

La causa por el golpe a la distribuidora de mercaderías ocurrido en mayo de 2024 en el kilómetro 1.360 de la ruta nacional 12, poco después de la 1.30, llegó a su fin para cuatro implicados. Yohel Guillermo Tovias Pereyra, de 29 años, Criterio Mario Peralta, de 27, y Ramón Alberto Martínez, apodado “Beto”, de 38, pactaron una pena de cinco años de prisión efectiva. En tanto, Agustín Brítez, de 53 años y conocido como “Carpincho”, firmó tres años de cárcel en suspenso por haber facilitado los datos para el asalto, ya que trabajaba como empleado del comercio.

Según la investigación, Pereyra, Martínez y Peralta ingresaron armados al local, redujeron a la propietaria de 55 años y se escaparon con 15 millones de pesos y la camioneta Toyota Hilux blanca de la víctima.

Los antecedentes que pesan

Pero el historial de dos de los condenados no se limita a este hecho. Yohel Pereyra está imputado por la balacera frente a la parroquia “Sagrada Familia”, en la avenida Roque Sáenz Peña, ocurrida durante la siesta del 27 de enero de 2022, que le costó la vida a Héctor “Keko” Sotelo. Sotelo murió el 3 de febrero, cuatro días después de estar internado a causa de una infección en el pulmón derecho, como consecuencia de uno de los tres disparos que tenía en el cuerpo.

Pereyra fue detenido en San Javier pocos días después de la balacera y el mismo día que se conocía la muerte de “Keko” fue imputado por “homicidio”. Días antes, la policía allanó la casa de su padre en Garupá, secuestró varias armas de fuego y detuvo al presunto cómplice. Su principal ladero, conocido como “Negrito” Gómez, fue buscado mucho más tiempo y recién en 2023 fue capturado cuando intentaba cruzar una camioneta llena de marihuana en Puerto Leoni. Se presume que fue quien “rescató” a Yohel de la balacera frente a la iglesia y de alguna manera le salvó la vida para fugarse en un Chevrolet Cruze.

Yohel fue imputado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, pero, vencidos los plazos de la prisión preventiva sin condena, el entonces juez de Instrucción 1, Marcelo Cardozo, autorizó su excarcelación.

Además, Pereyra fue detenido e imputado en el homicidio de la sargento de policía Romina Rodríguez, del 2 de junio de 2020. Se lo acusó de haber vendido el arma homicida, supuestamente después de comprarla de buena fe, a un carpintero de la zona, días después de que mataran a sangre fría a la suboficial en el barrio Horacio Quiroga de Garupá.

El crimen del arenero

Por su parte, Ramón Alberto “Beto” Martínez es uno de los cuatro acusados de matar a balazos en un intento de robo a Juan Carlos Scholz (53), empresario arenero de San Ignacio, en 2016.

A mediados de mayo de 2024, “Beto” Martínez, junto a dos cómplices, acordó en un juicio abreviado cumplir con una pena de prisión efectiva de 16 años por el homicidio de Scholz. El abreviado fue ratificado tres meses después por el Tribunal Penal 2, pero para entrar en ejecución aún resta que aparezca Juan de la Cruz Espínola, de 46 años, el presunto cerebro del asalto frustrado que finalizó con el homicidio de Scholz. Los otros dos firmantes de esta causa fueron Rolando Fabián Cardozo y Orlando Gabriel Giménez.

Lo llamativo del caso es que no puede considerarse “cosa juzgada” por completo, ya que el considerado cerebro del golpe, Juan de la Cruz Espínola, albañil y trabajador electricista, no se presentó a ninguna de las audiencias para resolver el juicio abreviado o aguardar el juicio oral junto a los demás encartados: Rolando Fabián Cardozo, alias “Kimbi”, de 30 años; Ramón Alberto “Beto” Martínez, entonces de 36, y Orlando Gabriel Giménez, “Murdoc”, de 43.

Los tres asaltantes aceptaron el ofrecimiento de juicio abreviado, también del fiscal Glinka, y evitaron ser juzgados en debate oral en el que podrían haber sido sentenciados hasta a 25 años de cárcel de cumplimiento efectivo. Sin embargo, y por motivos que no fueron explicados a los actores judiciales centrales, Juan de la Cruz Espínola (46) no se presentó a ninguna de las dos audiencias a las que fue citado por el fiscal Vladimir Glinka, y tampoco al Tribunal, por lo que fue declarado en rebeldía y sigue prófugo hasta hoy y sin saberse si es buscado o no.

Cabe recordar que, de los tres que firmaron los acuerdos de suspensión por juicio abreviado, “Kimbi” Cardozo estaba detenido tras volver a cometer una seguidilla de delitos contra la propiedad. En febrero de 2021, los cuatro encartados por “homicidio en ocasión de robo” fueron beneficiados con la libertad supeditada por el vencimiento del plazo de la prisión preventiva, cuatro años.

En agosto de 2021, la fiscal Amalia Benedicta Spinnato firmó el requerimiento de elevación al Tribunal Penal 2 de la causa que instruyó el juez Marcelo Cardozo. Los cuatro acusados por “homicidio en ocasión de robo”.

Juan Scholz fue asesinado en su domicilio en San Ignacio, en la zona conocida como Teyú Cuaré, muy cerca de la “Casa de Horacio Quiroga”. Lo ultimaron de un balazo en el estómago. Las secuencias del homicidio fueron captadas por varias de las 20 cámaras de seguridad que tenía la víctima en su domicilio.