El debate por la propiedad privada que esconde una jugada millonaria: ¿qué hay detrás de la nueva ley?

El Senado nacional tiene sobre la mesa un proyecto que promete blindar la propiedad privada, pero que según el chaqueño Jorge Capitanich esconde una estrategia mucho más ambiciosa. Detrás de la fachada de protección, se escondería el desarme de los límites a la extranjerización de tierras, una movida que podría reconfigurar el mapa de la soberanía argentina.

El senador del PJ por el Chaco presentó un dictamen de minoría que rechaza la iniciativa oficial y advierte sobre sus consecuencias. Su crítica se apoya en datos concretos: el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) contabiliza 6.467 villas y asentamientos en todo el país, donde viven cerca de cinco millones de personas, la mayoría sin título de propiedad.

¿Cuál es el verdadero problema de la propiedad en Argentina?

Para Capitanich, la discusión está mal planteada. El problema no sería la supuesta amenaza al artículo 17 de la Constitución, sino la imposibilidad de millones de familias de acceder a un título que les dé certidumbre y arraigo. En los barrios populares, dos de cada tres hogares no tienen electricidad formal, nueve de cada diez carecen de agua potable de red y el 99% no tiene cloacas ni gas. La casi totalidad no posee título de propiedad sobre el suelo que habita.

El proyecto oficial, en cambio, eleva de tres a diez años el plazo de posesión para la regularización dominial y, al no modificar el artículo 8° de la Ley 24.374, el beneficiario recién consolidaría su título a los veinte años. Para el senador, esto vacía de contenido el instituto y perjudica a los más vulnerables.

Además, la iniciativa deroga el Capítulo III de la Ley 27.453, el único régimen específico para la integración socio-urbana de barrios populares. La reforma procesal también preocupa: los nuevos artículos del Código Procesal Civil y Comercial no distinguen entre un usurpador y una familia locataria con dificultades transitorias, y para ambos establecen restitución inmediata.

¿Qué propone el dictamen de minoría?

La alternativa de Capitanich es clara: cinco días para el usurpador, hasta 180 días para quien tiene vínculo contractual, y el mantenimiento del artículo 684 que protege a sublocatarios y ocupantes indirectos. También propone declarar la emergencia nacional en regularización dominial, mantener el plazo de tres años y reformar los artículos 6° y 8° para crear un procedimiento digital y sumarísimo.

“Si de verdad se quiere defender la propiedad privada, el camino es titularizar a quienes no la tienen, no alargarles el horizonte a veinte años”, sostiene el senador.

Extranjerización de la tierra: el corazón del proyecto

El segundo artículo de Capitanich destapa lo que considera el objetivo sustancial: eliminar los límites a la extranjerización de la tierra que la Ley 26.737 estableció en 2011. El proyecto lo haría mediante un “falso federalismo”, transfiriendo la potestad regulatoria a las provincias para que, en los hechos, no haya límite alguno.

Los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualizados a agosto de 2025, muestran que más de 13 millones de hectáreas rurales están en manos extranjeras, una extensión comparable al territorio de Inglaterra. Concentraciones alarmantes se dan en departamentos como Lácar, Neuquén, donde el 54% de la tierra rural es extranjera.

Capitanich recuerda que la ley vigente establece un tope del 15% de titularidad extranjera, un sublímite del 30% por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo. Su dictamen de minoría propone preservar y perfeccionar esa ley, prohibir la compra por Estados extranjeros y vetar la titularidad foránea sobre riberas, glaciares y áreas protegidas.

Tierra, agua y poder en la era de la inteligencia artificial

El tercer artículo amplía el horizonte: la disputa por la tierra en 2026 no puede leerse fuera del mapa mundial. La competencia entre Estados Unidos y China por el control de cadenas de suministro reordena el planeta, y la Argentina podría quedar relegada a proveedor de recursos.

La Agencia Internacional de Energía proyecta que los centros de datos consumirán hacia 2030 unos 945 teravatios-hora de electricidad, más que todo el consumo actual de Japón. La demanda de agua asociada a la inteligencia artificial alcanzaría entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos anuales hacia 2027.

En ese contexto, la Argentina posee activos formidables: el Inventario Nacional de Glaciares registra 16.968 cuerpos de hielo sobre 8.484 km², la segunda superficie englazada de Sudamérica. Pero el proyecto deroga el artículo 22 quáter de la Ley de Manejo del Fuego, que prohíbe por treinta años los desarrollos inmobiliarios sobre superficies incendiadas. “Quien quema, después construye”, advierte Capitanich.

El senador chaqueño concluye con una advertencia contundente: “Defender la tierra, el agua y el territorio no es nostalgia: es la política de desarrollo más moderna que existe. Porque en la era de la inteligencia artificial, quien controla la tierra controla el agua; quien controla el agua controla la energía; y quien controla ambas, controla el futuro”.