El debate que se abre a 50 años del Golpe: las verdades que ya no se sostienen y la nueva manipulación

El medio siglo del último Golpe de Estado coincide con un momento inédito para revisar lo sucedido. La doctrina manipulatoria que dominó el relato durante décadas está en decadencia, pero la versión que intenta reemplazarla carece de sustento histórico real.

Este aniversario marca también aproximadamente un cuarto de siglo de predominio casi absoluto, en ámbitos académicos, culturales y educativos, de un enfoque específico sobre la última dictadura. Este enfoque, según el análisis, obturó la discusión razonable y la comprensión histórica de cuestiones fundamentales al abrazar “verdades selladas” reñidas con los hechos, destinadas a enaltecer a ciertos actores políticos y demonizar al resto.

¿Qué “verdades” se instalaron como doctrina de Estado?

Algunas de estas narrativas se inculcaron como doctrina en escuelas y universidades durante años, repitiéndose desde organismos estatales. Incluso se intentó consagrarlas como irrebatibles mediante leyes, como el intento en la provincia de Buenos Aires de prohibir cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos, una medida calificada de “totalitaria” que revelaba la poca confianza en los propios fundamentos.

Otra “verdad sellada” muy nociva fue la idea de que los militares del Proceso fueron un mero instrumento del imperialismo norteamericano. El análisis presentado sostiene que, en realidad, recibieron más ayuda de Cuba y la URSS en al menos dos puntos clave: blindarlos de condenas internacionales por derechos humanos —impulsadas principalmente por Estados Unidos— y avalar la invasión de Malvinas.

El mito del programa económico y el origen de la represión

También se cuestiona la versión que afirma que la represión ilegal sirvió para imponer un programa económico “neoliberal y antipopular”. Según el texto, la política económica del Proceso durante sus primeros cinco años fue popular en muchos sectores, combinando elementos neoliberales, desarrollistas y hasta populistas, con aumento del gasto público, déficit y subsidios. Su quiebre se atribuye más a esta combinación caótica que a una ortodoxia liberal.

Otra doctrina tóxica, según el análisis, fue la instaurada sobre el origen de la represión ilegal. La sanción del 24 de marzo como feriado nacional buscó establecer que ese día “se puso en marcha un genocidio”. Sin embargo, se argumenta que los militares continuaron y ampliaron una metodología que el gobierno de Isabel Perón ya les había avalado e impulsado a usar.

¿Un nuevo relato para reemplazar al anterior?

Hoy, con esas “verdades selladas” debilitadas por el cansancio social y la evidencia de los hechos, se abre la posibilidad de una reflexión más precisa. Sin embargo, el artículo advierte que el gobierno actual no parece interesado en ello, sino en reemplazar unas verdades por otras.

En particular, se busca enmarcar la represión en el contexto de una supuesta “guerra revolucionaria”, donde los militares habrían respondido, quizás con “excesos”, a una agresión armada. La narrativa presentaría solo dos opciones: el triunfo de Montoneros y el ERP, convirtiendo al país en “una nueva Cuba”, o el triunfo de “nuestras Fuerzas Armadas” para preservar la tradición occidental.

El análisis desmiente esta premisa, argumentando que las organizaciones guerrilleras estaban prácticamente derrotadas al momento del golpe, con su capacidad de amenaza sensiblemente disminuida, infiltradas y desprestigiadas. El “clima de guerra” de 1976 y 1977 se atribuye, entonces, a la “ilusión suicida” de estas organizaciones de recrear una amenaza y a la decisión militar de contribuir a esa escena, incluso montando falsos enfrentamientos.

El texto concluye que la polarización ideológica obnubiló a los protagonistas de aquellos años, llevando a justificar lo injustificable. Y envía una advertencia final: quienes hoy siguen jugando a manipular el relato histórico deberían saber que, a la larga, ese juego termina consumiendo incluso a los más duchos.