El decreto de Javkin que eliminaba un trámite en obra pública quedó frenado por la Justicia

La Cámara de lo Contencioso Administrativo 2 de Rosario ordenó suspender el decreto 706/26 que la Municipalidad de Rosario había firmado para dejar de exigir el pago de aportes previsionales a los profesionales como condición para emitir permisos o certificados de obra. La medida cautelar fue pedida por la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe y ahora obliga al municipio a retomar el control que había eliminado.

Qué decía el decreto que quedó en suspenso

El texto, firmado por el intendente Pablo Javkin en abril, anulaba los artículos 5.4.1 y 5.4.2 del Anexo I del Decreto 1261/2024, que regía los trámites de la Dirección General de Obras Particulares. En la práctica, quitaba la exigencia de acreditar el depósito de aportes antes de dar curso a planos y proyectos técnicos.

Desde el Palacio de los Leones justificaron la medida como un paso para «modernizar y agilizar» la administración, simplificar la estructura tributaria y ejercer la autonomía municipal que fija la Constitución de Santa Fe.

El rechazo de los profesionales

La Caja de Ingenieros y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario rechazaron de plano la normativa. Sostuvieron que el decreto no anulaba la ley de aportes, pero sí eliminaba el mecanismo de control estatal previo. Según advirtieron, esa quita ponía en riesgo el financiamiento del sistema previsional y asistencial que sostiene a más de 20.000 familias de profesionales.

Los argumentos de la Cámara

El tribunal consideró que hay elementos suficientes para pensar, en esta instancia, que el decreto municipal puede desconocer obligaciones fijadas por una ley provincial y afectar el financiamiento de la Caja de Ingenieros, entre otras entidades profesionales.

La argumentación se apoyó en el artículo 48 de la Ley provincial 6729: las reparticiones municipales que aprueban, inscriben o visan planos y proyectos técnicos no pueden avanzar sin la constancia previa del depósito de los aportes.

Para la Cámara, la eliminación del control municipal podía favorecer el incumplimiento de esos aportes y generar un perjuicio concreto al sistema previsional y de salud de los profesionales. También rechazó que la autonomía municipal pueda desplazar obligaciones establecidas por una ley provincial: las competencias locales, dijo, deben ejercerse en coordinación con las atribuciones provinciales.

Qué pasa ahora

La resolución no se pronuncia sobre el fondo del debate, es decir, sobre la validez del Decreto 706. Es una cautelar que lo suspende hasta que se defina la esencia de la disputa. Mientras tanto, la Municipalidad deberá acatar la medida y volver a exigir el cumplimiento del requisito.