El decreto que abrió la puerta a capitales de Emiratos en Península de Magallanes y la pregunta que El Calafate no deja de hacer

La polémica por la operación inmobiliaria autorizada en la Península de Magallanes volvió a tomar fuerza este miércoles en El Calafate. En el marco de la convocatoria en defensa de la educación universitaria, se sumó una junta de firmas contra el Decreto provincial 915/2026, la norma que habilitó la operación entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U., en el marco del proyecto turístico Master Plan Ecocentro.

El diputado provincial Carlos Alegría, representante de El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos, participó de la actividad y volvió a cuestionar el procedimiento. Alegría es uno de los legisladores que presentaron un amparo ante la Justicia Federal de Río Gallegos y firmante de la iniciativa que busca derogar el decreto.

En diálogo con Ahora Calafate, el legislador aseguró que la revisión del expediente administrativo sigue en curso y que todavía quedan muchos puntos por aclarar. “Faltan muchísimas aclaraciones”, resumió.

Los requisitos que quedan en la mira

Una de las principales objeciones de Alegría apunta a los requisitos normativos que rodearon la autorización. El decreto, firmado el 1° de septiembre, otorgó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una excepción al Decreto 994/2017 para permitir la operación dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes.

La compradora, ASB Hospitality Calafate S.A.U., es una sociedad argentina vinculada societariamente con capitales de Emiratos Árabes Unidos. Desde el Gobierno provincial sostienen que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente, que la excepción se limita exclusivamente a esta operación y que el emprendimiento deberá cumplir con las disposiciones ambientales y territoriales.

Esa interpretación es la que Alegría, junto a otros diputados y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), cuestionaron ante la Justicia Federal. El decreto y las actuaciones administrativas previas son analizados tanto en el ámbito político como judicial.

El rol de El Calafate en la discusión

Durante la entrevista, Alegría insistió en un aspecto que reaparece desde que se conoció la medida: qué participación tuvo El Calafate en una decisión que involucra directamente a Península de Magallanes y al entorno del Glaciar Perito Moreno.

La falta de participación local es un reclamo que distintos sectores de la ciudad vienen expresando desde hace semanas, junto con la demanda de mayor información sobre la operación, el proyecto previsto y sus implicancias territoriales y ambientales.

Dos frentes: la Legislatura y la Justicia

Alegría impulsa dos vías contra el Decreto 915. Por un lado, la legislativa: un proyecto que propone su derogación y el análisis de la documentación administrativa remitida a la Cámara de Diputados. Por otro, la judicial: integra la presentación ante el Juzgado Federal de Río Gallegos que solicita una medida cautelar para evitar que la operación quede consolidada mientras se analiza el fondo del planteo.

Ese amparo cobró nueva relevancia después de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. Esa resolución volvió a poner en discusión los controles federales aplicables a adquisiciones de tierras rurales por capital extranjero.

Ley de Tierras: el vínculo con el reclamo local

Alegría relacionó el reclamo local con el debate nacional sobre la Ley de Tierras. El diputado cuestionó la flexibilización de las restricciones para adquisiciones por capital extranjero y sostuvo que, en territorios vinculados con cursos de agua y paisajes naturales de especial relevancia, los procedimientos deben ofrecer garantías claras.

Mientras el amparo avanza en la Justicia Federal y la discusión legislativa continúa, el Decreto 915 sigue vigente. La controversia se concentra en determinar si el procedimiento que permitió autorizar excepcionalmente la operación cumplió con todos los requisitos aplicables y qué participación le corresponde a El Calafate en decisiones sobre un territorio estrechamente ligado a su principal atractivo natural y turístico.

(Ahora Calafate)