El decreto que desató la guerra por las jubilaciones en Santa Cruz: ¿cese automático o defensa de derechos?

Un decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal en 2024 vuelve a sacudir a Santa Cruz. La norma, que establece plazos para el cese laboral tras una jubilación, fue frenada por la Justicia, pero recién en agosto de 2026 la Caja de Previsión Social la aplicó a 27 casos, incluyendo a tres vocales del Tribunal Superior. La medida reaviva la polémica: ¿orden administrativo o jubilación compulsiva?

El origen: un problema de trámites eternos

El Decreto Provincial N° 0608/2024 nació con un objetivo claro: terminar con los expedientes jubilatorios que quedaban paralizados por meses o años. Según el Ejecutivo, cuando un trabajador iniciaba su trámite, la Caja de Previsión Social (CPS) concedía el beneficio, pero el organismo empleador no notificaba el cese de la relación laboral. Esa demora impedía que la jubilación se efectivizara.

Belén Elmiger, actual ministra de Gobierno y entonces presidenta de la CPS, reveló que al asumir encontró más de 500 trámites esperando la renuncia y el cese. "Algunos organismos ni sabían que esas personas eran trabajadores de ellos", admitió. La solución fue establecer plazos concretos y responsabilidades claras.

Qué dice la Ley 1782 y qué cambió

La norma no creó un nuevo régimen jubilatorio, sino que reglamentó la Ley Previsional 1782. El artículo 112 exige el cese de la relación de dependencia para gozar de la jubilación, mientras el 133 permite iniciar el trámite sin certificado de cese previo. El artículo 136, en el centro de la disputa, contempla que el empleador puede intimar al trabajador a iniciar el trámite dentro de los 24 meses de reunir los requisitos.

El decreto interviene en una etapa posterior: una vez concedido el beneficio, el empleador tiene 30 días para comunicar el cese. La CPS insiste en que los 24 meses y los 30 días son momentos distintos. "Hubo actores que dijeron que se terminaban los dos años, y eso no es cierto", aclaró Elmiger.

El artículo 4° y el cese de pleno derecho

El punto más controvertido es el artículo 4°, que establece que si vencen los 30 días (o la prórroga de 180 días por única vez) sin comunicar el cese, este opera de pleno derecho. Para los críticos, esto habilita una jubilación compulsiva. Para la CPS, es solo un mecanismo para cerrar administrativamente un trámite ya concedido.

Además, el artículo 5° alcanza a trámites anteriores al decreto, y el 6° obliga a los empleadores a intimar a quienes reúnen los requisitos dentro de los 30 días de conocido el informe de la CPS.

La oposición de los trabajadores

Cristian Sánchez, vocal por los activos, fue el principal opositor. Junto a Viviana Carabajal (vocal por los pasivos) denunció una "clara superposición de poderes" y pidió la nulidad del decreto. "Nunca un decreto puede modificar una ley", sentenció. En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón y suspendió la aplicación de la norma.

Sánchez también estimó que, de seguir aplicándose, el decreto podría afectar a unas 700 personas, aunque admitió que por la cautelar fueron menos de una docena. Su presentación, patrocinada por el abogado Matías Solano, contó con el apoyo de Pedro Mansilla, del SOEM.

El regreso en 2026: el caso de las vocales

En agosto de 2026, la CPS volvió a aplicar el decreto. En una reunión extraordinaria, aprobó 27 beneficios jubilatorios, entre ellos los de ocho integrantes del Poder Judicial y tres vocales del Tribunal Superior: Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña. La medida generó un escándalo institucional, ya que las vocales no habían renunciado.

Paula Ludueña calificó la situación como una "jubilación compulsiva" y aseguró que solo habían iniciado sus trámites. La CPS respondió que las personas alcanzadas completaron la documentación y que el organismo actuó conforme al procedimiento.

Un conflicto que no termina

El Decreto 608 pasó de ser una discusión técnica a un choque de poderes. Mientras la CPS defiende su aplicación como una herramienta para agilizar trámites, la vocalía de los activos insiste en que vulnera derechos. Sánchez ya advirtió que el conflicto podría regresar a la Justicia.

La pregunta sigue abierta: ¿el decreto reglamenta la ley o la modifica? La respuesta definirá el futuro de cientos de trabajadores estatales en Santa Cruz.