El decreto que no alivia: CODECUC asegura que solo 'prorroga la angustia' de los usuarios de Jujuy

La Comisión de Defensa del Consumidor (CODECUC) salió a cruzar el decreto 5658, con el que el Gobierno provincial declaró la emergencia energética y tarifaria. Para la organización, la medida es un parche que no toca el verdadero problema: las facturas de luz que siguen siendo imposibles de pagar.

El abogado Alejandro Mur, referente de CODECUC, fue contundente en diálogo con medios locales: el decreto no modifica el esquema tarifario ni reduce los montos que llegan a los hogares. Lo único que hace, dijo, es correr el día en que la empresa EJESA puede cortar el servicio por falta de pago.

¿Qué cambia con el decreto 5658?

Según Mur, la medida provincial tiene un alcance limitado. No elimina ni reduce los componentes que integran las facturas, y el precio del kilowatt sigue igual. La única modificación concreta es la extensión del plazo antes de que proceda un corte por deuda.

“El decreto 5658 sabora poco y nada. No es un decreto que vaya a solucionar el fondo del problema, que son las altísimas facturaciones”, sentenció el letrado.

Y resumió la situación con una frase que duele: “Prorroga la angustia”.

Facturas que ahogan: el drama de los usuarios

CODECUC advierte que el problema se agravó en los últimos meses por la suba de la energía y la quita de subsidios a nivel nacional. Ese aumento, explicó Mur, se traslada directo a los bolsillos de los jujeños, y el impacto podría seguir creciendo.

La consecuencia ya se ve en las calles: muchas familias empezaron a financiar las facturas con tarjetas de crédito, sumando más deuda a un panorama complicado. “Además del endeudamiento en general que están teniendo los consumidores, se le suma el incremento de la energía eléctrica, del transporte y todos los servicios regulados”, detalló.

El referente también remarcó que Jujuy tiene una de las facturas más caras del país. Para muestra, un dato: “En una oportunidad hemos traído facturas de Buenos Aires, de Córdoba, y son prácticamente la mitad de lo que pagamos nosotros”.

El pedido a la Legislatura

Frente a este escenario, CODECUC reclama que la Provincia use sus herramientas para bajar el costo real del servicio. Mur apuntó contra los legisladores: “Con más razón deberían trabajar para derogar las leyes que han permitido que le cuelguen las tasas”.

Para la organización, la discusión no debería girar solo en torno a cuándo se corta la luz, sino en cómo lograr que los usuarios puedan pagar sin caer en un pozo de deudas.

La demanda colectiva contra EJESA por los cortes de julio

En paralelo, CODECUC avanzó con una demanda colectiva contra EJESA por los cortes masivos de electricidad entre el 17 y el 20 de julio, cuando colapsó el sistema eléctrico provincial.

La acción judicial representa a unos 120.000 usuarios residenciales que se vieron afectados por la interrupción del servicio. La causa está en la Cámara Civil y Comercial, Vocalía 1, donde se espera una resolución urgente sobre una medida cautelar.

El reclamo incluye que los usuarios no paguen los días sin servicio, que se hagan reintegros y refacturaciones a quienes ya abonaron, y que se apliquen indemnizaciones por daños económicos y morales, además del daño punitivo que contempla la Ley de Defensa del Consumidor.

Protección para los más vulnerables

Entre los pedidos cautelares, uno de los más fuertes busca impedir que EJESA corte el suministro a jubilados, pensionados, personas con discapacidad, desempleados y usuarios de bajos recursos mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Mur cuestionó que, pese a la emergencia declarada, la empresa siga enviando avisos de corte y realizando interrupciones. Una contradicción que, según dijo, golpea a quienes menos tienen.

Inversiones incumplidas y multas que no alcanzan

La demanda también apunta contra el nivel de inversión de EJESA. Mur sostuvo que la empresa no habría cumplido con el plan comprometido ante la SUSEPU para el período 2022-2026, lo que explicaría las fallas en la infraestructura.

“Cuando usted no hace las inversiones oportunas y necesarias en las redes, en la infraestructura, la consecuencia es mal servicio, corte masivo, caída de tensión y que a la gente se le corten o se le dañen los artefactos eléctricos”, explicó.

El referente recordó la resolución 243 de la SUSEPU, que identificó responsabilidades por el colapso de julio, y mencionó una sanción de unos 500 millones de pesos por incumplimientos del contrato de concesión. Pero advirtió que las multas podrían convertirse en un simple costo operativo para la empresa, en lugar de un incentivo para mejorar.

Mientras tanto, los usuarios siguen esperando respuestas. CODECUC insiste en que la solución no pasa por postergar cortes, sino por garantizar un servicio digno y tarifas que se puedan afrontar.