¿El delincuente más grande de Tucumán? La Justicia Federal apunta a un empresario azucarero

La Justicia Federal procesó al empresario Ricardo Sixto Ansonnaud, señalándolo como presunto jefe de una asociación ilícita tributaria que habría operado durante años en el Ingenio La Trinidad. El magistrado dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes, en una causa que ya hizo caer una millonaria venta del establecimiento y que pone en jaque su futuro operativo.

El juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez consideró que existen elementos suficientes para sostener que Ansonnaud habría encabezado una estructura organizada destinada a defraudar al fisco. La hipótesis judicial es contundente: no se trataría de incumplimientos aislados, sino de un esquema sostenido en el tiempo.

¿Cómo funcionaba el presunto esquema?

Según la investigación, el mecanismo se basaba en la rotación de sociedades que asumían formalmente la explotación del ingenio, registraban operaciones y personal, y luego quedaban vaciadas o sin capacidad para responder ante el Estado. Después, otra firma tomaba el control y el circuito se repetía.

En ese entramado aparecen sociedades como MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. Para los investigadores, este mecanismo no solo dificultaba el control estatal, sino que también permitía diluir responsabilidades y complejizar el seguimiento de los fondos.

El hallazgo clave: un depósito oculto de azúcar

Uno de los elementos más comprometedores surgió en allanamientos realizados en 2018. En esa ocasión, se detectó un depósito no declarado con 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos cada una, sin respaldo documental.

Para la Justicia, ese hallazgo reforzó la sospecha de una operatoria paralela e incompatible con una actividad transparente. Alimentó la hipótesis de que parte de la producción se movía por fuera de los circuitos formales.

A esto se suman otras maniobras bajo análisis, como la omisión sistemática de declaraciones juradas, la registración de créditos fiscales inexistentes y el uso de proveedores sin capacidad económica real. También se investiga la posible retención indebida de aportes previsionales a trabajadores que no habrían sido depositados.

Un embargo millonario y una venta que se derrumba

El procesamiento no solo alcanzó a Ansonnaud, sino también a otros cuatro imputados señalados como integrantes del presunto esquema. El magistrado dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del empresario, mientras que para el resto fijó montos de $700 millones cada uno.

Estas cifras reflejan el volumen económico de la causa y la dimensión del perjuicio que, según la investigación, podría haberse ocasionado al Estado. Pero el impacto trasciende lo judicial.

Mientras la investigación avanzaba, Ansonnaud negociaba la venta del Ingenio La Trinidad al empresario Santiago Blaquier por una cifra cercana a los U$S 40 millones. Sin embargo, el procesamiento por presunta asociación ilícita convirtió la operación en un riesgo jurídico imposible de asumir, dejando el acuerdo prácticamente caído.

¿Qué consecuencias enfrentan los imputados?

La figura penal que se investiga, la asociación ilícita tributaria, castiga la integración de una organización destinada a cometer delitos fiscales. Las penas pueden llegar hasta los diez años de prisión y se agravan para quienes son considerados jefes u organizadores.

Además, la ley prevé sanciones económicas severas, como multas de hasta diez veces el monto del tributo evadido, y posibles inhabilitaciones para ejercer actividades comerciales. El embargo dispuesto busca garantizar eventuales decomisos o sanciones económicas futuras.

La defensa del empresario ya anticipó que apelará la decisión judicial y sostiene que las obligaciones fiscales se encuentran regularizadas mediante planes de pago. No obstante, desde la investigación se argumenta que la eventual regularización de deudas no elimina la responsabilidad penal por la presunta organización delictiva.

El procesamiento es una instancia clave que no implica una condena, pero sí un fuerte indicio de que la Justicia considera acreditada, con el grado de probabilidad exigido, la existencia del delito y la participación de los imputados. La causa puede avanzar ahora hacia su elevación a juicio oral.

El impacto ya es profundo en Tucumán: una operación millonaria se desplomó, el futuro de un ingenio clave quedó en duda y el nombre de un empresario pasó al centro de una de las investigaciones más sensibles de los últimos años en la provincia.