El depósito de 9 de Julio ya no da abasto: la solución que enviaron a la Legislatura
En el predio de 9 de Julio ya no entra un auto más: está al 85% de su capacidad. El Ejecutivo envió una ley que cambia el final de los vehículos secuestrados y destina la recaudación a un fin inesperado. ¿Qué pasará con los que hoy terminan en la compactadora?
El Poder Ejecutivo de San Juan envió un proyecto de ley a la Legislatura que busca dar vuelta la historia de los vehículos secuestrados. En lugar de terminar compactados como chatarra, los autos y motos en buen estado serán subastados públicamente, según confirmó el diario Diario de Cuyo.
La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Marcelo Orrego, apunta a destrabar una situación que ya es crítica: el predio de 9 de Julio alcanzó el 85% de su capacidad total y no tiene margen para seguir recibiendo rodados.
Qué cambia con la reforma
Hasta ahora, el destino de los vehículos radiados en los operativos viales era uno solo: la compactadora. El legislador Juan de la Cruz Córdoba explicó el alcance de la modificación que se debate en el recinto.
"Según la redacción actual, si el propietario no recupera el vehículo, todo termina compactado y vendido como chatarra", detalló el diputado. "Entendemos que muchos rodados están aptos para ser reacondicionados. Con la subasta se conseguirá un mejor resultado económico para la provincia y se desocupará más rápido el depósito", remarcó.
Desde el Ejecutivo aclararon un límite clave: la Provincia solo podrá disponer de los automóviles y motocicletas secuestrados por faltas o infracciones administrativas de tránsito. Los vehículos vinculados a causas judiciales seguirán bajo la órbita de la Justicia.
Adónde va la plata de las subastas
El proyecto no contempla que lo recaudado ingrese a rentas generales. Los fondos tendrán un destino específico: financiarán proyectos de infraestructura social, sanitaria, educativa o ambiental en los municipios sanjuaninos.
Además, sostendrán programas de asistencia directa para sectores vulnerables y campañas de concientización ambiental. La norma también apunta a sanear los predios mediante la separación y el tratamiento de residuos contaminantes que genera el abandono vehicular.
Una vez que la Legislatura apruebe la iniciativa, el Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para reglamentarla y poner en marcha el nuevo sistema de subastas.
