El desfalco que derrumbó a la cúpula tilcareña: cheques sin fondo y un festival privatizado

La Justicia de Jujuy destapó una maniobra que dejó al descubierto cómo se vaciaron las arcas de Tilcara. El ex intendente Ricardo Romero y su ex tesorero quedaron en el centro de la tormenta tras admitir un desfalco de 35 millones de pesos.

Lo que parecía un simple festival regional escondía un entramado de corrupción que incluyó cheques sin fondo, coimas y la entrega de un evento icónico a un productor privado, todo sin licitación ni control del Concejo Deliberante.

La ingeniería del desfalco

La investigación, impulsada por el fiscal Diego Funes del Ministerio Público de la Acusación, reconstruyó paso a paso la maniobra que se ejecutó a principios de 2018. El método era simple pero contundente: se emitieron 43 cheques sin fondos contra cuentas oficiales de la comuna a favor del productor Adolfo Enrique Pedroza.

Para darle un barniz de legalidad, se firmaron convenios ficticios de "garantía" que intentaban ocultar la verdadera naturaleza de las entregas de dinero. Cada cheque era un eslabón de una cadena que terminaba drenando el erario público.

El festival que se privatizó a dedo

Pero la defraudación económica no fue el único delito. Romero también fue acusado de abuso de autoridad por entregar sin concurso la concesión, organización y uso de marca del Enero y Febrero Tilcareño de 2018 y 2019 al mismo productor.

El negocio era redondo para el privado: se quedaba con el 100% de los ingresos de los eventos y solo le daba al municipio un mísero 10% de la venta de entradas. Todo esto sin que el Concejo Deliberante ni siquiera se enterara.

La coima que terminó en su cuenta personal

La investigación también probó exacciones ilegales agravadas. Romero le habría exigido a un proveedor del municipio un pago ilegal para agilizar el cobro de facturas que le debían. Y no fue nada sutil: el ex intendente dio los datos de su caja de ahorro personal para recibir la dádiva.

Condenas que dejan huella

Con las pruebas contundentes sobre la mesa, los ex funcionarios no tuvieron más remedio que reconocer los hechos. Romero fue condenado a tres años de prisión en ejecución condicional, mientras que su ex tesorero, Ortega, recibió dos años en suspenso.

Pero la sanción que más duele para la administración pública es la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Ambos quedaron fuera de juego de por vida.

Además, deberán someterse al control del Patronato de Liberados y cumplir reglas de conducta estrictas durante dos años. La sentencia marca un precedente en la lucha contra la corrupción en el interior de la provincia.