El desvío de $1.208 millones que terminó en la Justicia: el pedido que hizo la fiscalía

La fiscalía neuquina dio un paso clave en una investigación por el presunto desvío de fondos públicos: pidió elevar la causa a juicio oral. El caso involucra a ocho personas, entre ellas dos exministros provinciales, y un perjuicio al Estado estimado en más de 1.200 millones de pesos.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, solicitó a la Oficina Judicial que se fije la audiencia de control de acusación. El objetivo es presentar formalmente la acusación contra los imputados y avanzar hacia la etapa de juicio, que estará a cargo de un tribunal colegiado.

La presentación contó con el respaldo de la Fiscalía de Estado, que actúa como querellante y fue quien realizó la denuncia inicial.

¿Cómo fue el presunto esquema?

Según la teoría del MPF, exfuncionarios y particulares actuaron de manera coordinada para desviar fondos de un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Ese programa estaba destinado a financiar capacitaciones para organizaciones de la sociedad civil.

Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023. El dinero estaba destinado a la cooperativa Viento Sur y a otras entidades, pero la fiscalía sostiene que se utilizó con otros fines.

El perjuicio al erario provincial fue calculado en $1.208.657.600, según valores históricos.

El programa exigía controles previos antes de cada pago: verificar la regularidad institucional de la organización, certificar sus autoridades, presentar un plan de acción, armar un padrón de beneficiarios y acreditar que las capacitaciones realmente se habían realizado.

Sin embargo, la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables que fueron ignorados y los pagos continuaron.

Quiénes están imputados

La acusación alcanza a ocho personas. Como coautores del delito de administración fraudulenta están señalados los exministros Abel Di Luca y Germán Chapino, junto a D.M., S.E.B. y L.L.V. Como partícipes necesarios figuran B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S.

A los exministros se les atribuye haber autorizado pagos mensuales a la cooperativa Viento Sur sin verificar los requisitos, aceptando rendiciones incompletas o directamente inexistentes.

A los integrantes de la cooperativa se les reprocha haber solicitado y administrado los fondos con conocimiento de su destino, presentando comprobantes que no coincidían con los movimientos bancarios, duplicando gastos y omitiendo información para sostener los desembolsos.

A los tres restantes se los acusa de recibir fondos sin dar nada a cambio, formando parte del esquema que permitió consumar el perjuicio.

El MPF prevé convocar a unos 80 testigos para el juicio, que se realizará ante tres jueces.