El desvío de reintegros en el Ipross duró seis meses: quién quedó señalada en la causa
¿Cómo detectaron los controles internos que los pagos iban a cuentas que no coincidían con las declaradas por los afiliados?
La investigación penal por el presunto desvío de fondos en el pago de reintegros del Ipross se extendió por seis meses y el perjuicio económico para la obra social podría alcanzar los 40 millones de pesos.
Según la denuncia presentada por las autoridades del organismo, las irregularidades se concentraron en el departamento de Reintegros y abarcaron el período comprendido entre febrero y julio de este año.
La pesquisa apunta directamente a la responsable de esa área, quien fue separada de su cargo de manera preventiva después de que los controles internos detectaran inconsistencias en los pagos.
La mecánica de la maniobra
La presentación penal, formalizada la semana pasada por el secretario legal del Ipross, Guillermo Ceballos, detalla el procedimiento utilizado para desviar los fondos. Según el escrito, se habrían generado trámites presuntamente ficticios y las transferencias se realizaban a cuentas bancarias vinculadas o directamente al CBU de la persona denunciada.
El cálculo inicial de la obra social estima un perjuicio cercano a los 40 millones de pesos, aunque el monto definitivo recién se conocerá cuando avance la investigación y se revisen la totalidad de las operaciones involucradas.
La semana pasada, el organismo provincial informó sobre la existencia de esta irregularidad, lo que derivó en la denuncia ante la fiscalía penal, la apertura de un sumario administrativo y el apartamiento preventivo de la jefa del área.
Cómo se detectó el desvío
Desde el Ipross aseguraron que la situación salió a la luz gracias a los controles internos sobre el circuito de reintegros, cuando detectaron que los pagos se dirigían a cuentas bancarias que no coincidían con las declaradas por los titulares de las prestaciones.
La obra social procesa entre 2.000 y 3.000 operaciones de reintegro por mes. Cada pago es cargado y verificado administrativamente antes de conformar los lotes que se envían para su cancelación, y luego se someten a controles cruzados.
Fue precisamente en esas verificaciones posteriores donde aparecieron las diferencias entre las cuentas de destino y las que correspondían a los afiliados que habían solicitado los reintegros.
Con la investigación ya en marcha, el análisis de la documentación, las transferencias y los dispositivos electrónicos secuestrados será clave para reconstruir todas las operaciones y determinar el alcance real del presunto desvío.
