El detalle que pocos vieron en la reforma de Milei y que ata de manos al próximo gobierno

La Casa Rosada impulsa un cambio legal que, de aprobarse, blindaría las privatizaciones ya consumadas y las futuras. **El proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" esconde una trampa que limitaría al Estado de por vida.**

Si esta norma hubiera existido en 2012, la expropiación de YPF no habría sido posible. Ahora, con la reforma de la ley de expropiaciones que envió Javier Milei al Congreso, los gobiernos que vengan no podrían revertir fácilmente las privatizaciones de Aysa u otras empresas que el Presidente tiene en la mira.

¿Qué propone exactamente?

El primer capítulo del proyecto modifica la ley vigente desde la última dictadura y restringe la facultad del Estado de expropiar bienes por utilidad pública, incluso con indemnización previa. La oposición advierte que es una forma de "destruir al Estado desde adentro", como el propio Milei prometió.

Pero el punto más riesgoso está en el artículo 6, inciso C: se introduce la figura de la expropiación indirecta. Esto permitiría que un propietario demande al Estado si una regulación, como una ley ambiental, le impide usar su terreno de manera productiva.

"Esa fórmula no es nueva: es la definición que usan los tratados bilaterales de inversión y que los tribunales arbitrales internacionales vienen aplicando contra la Argentina desde hace más de veinte años", explicó Luciana Ghiotto, del Transnational Institute.

Y agregó: "Argentina es el segundo país más demandado ante el CIADI, con 56 casos, y pagó cerca de 9.330 millones de dólares tras la crisis de 2001, muchas veces por regulaciones que los tribunales consideraron equivalentes a una expropiación".

Los cambios que traban todo

El proyecto exige que la declaración de utilidad pública sea "de interpretación restrictiva" y que se demuestre que la expropiación es "idónea, necesaria y proporcional". Para la senadora Juliana Di Tullio (UP), "cualquier declaración de utilidad pública queda más expuesta a impugnación judicial. Un juez puede frenar la expropiación si el Estado no acredita los tres criterios".

Además, se incorpora el pago del lucro cesante (las ganancias futuras que el propietario deja de percibir) en la indemnización, lo que encarece el proceso. "Sumar lucro cesante eleva el monto a pagar y agrega una etapa pericial contenciosa adicional", advirtió Di Tullio.

El CELS, que participó en el debate, señaló que "la expropiación es una herramienta utilizada por el Estado para tomar decisiones estratégicas, como hacer una represa, caminos o barrios. Con esta ley quedaría acotada".

¿Y el pago diferido?

Otro cambio clave: se elimina la expropiación diferida, un mecanismo que permitía al Estado tomar posesión del bien tras pagar una indemnización provisoria y discutir luego el monto final. Ahora, se exige el pago íntegro antes de la toma de posesión, lo que puede demorar años el proceso.

El resultado, según la oposición, es un efecto disuasivo: los gobiernos evitarán iniciar expropiaciones por el riesgo de litigios largos y costosos. "Un blindaje de las privatizaciones", resumieron.