El DHS acortó el plazo para refugiados: el nuevo límite que puede dejar a miles sin defensa

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos redujo de 30 a 10 días el tiempo que tienen los refugiados para responder a una notificación de intención de terminación de su estatus. La medida, emitida como regla final provisional y confirmada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), apunta a acelerar la revocación de la protección cuando las autoridades consideren que la persona no cumplía con la definición legal de refugiado al momento de ser admitida.

La norma fue justificada por el gobierno con el argumento de que busca “restaurar la integridad del sistema de inmigración y mitigar riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública, y prevenir el fraude y explotación”.

Qué cambia en la práctica

La enmienda a la sección 8 CFR 207.9 del Código de Regulaciones Federales establece que los 10 días se cuentan desde la emisión y entrega formal de la Notificación de Intención de Terminación (NOIT, por sus siglas en inglés). Se computan todos los días del calendario, pero si el vencimiento cae en fin de semana o feriado federal, el plazo se corre al siguiente día hábil.

Cuando la notificación se envía por correo expreso, se agregan tres días adicionales según la norma 8 CFR 103.8(b), con lo que el plazo efectivo llega a 13 días para presentar la respuesta.

En ese lapso, el extranjero notificado puede presentar evidencias por escrito para refutar los señalamientos o pedir formalmente una entrevista oral ante el Uscis. Si no responde ni solicita la audiencia, pierde automáticamente el derecho a rebatir las acusaciones y la agencia procede de inmediato a cancelar su estatus.

Esa resolución de cancelación no admite apelación administrativa. Como consecuencia, se revoca de manera automática la autorización de empleo y la persona es derivada a procesos formales de deportación.

Los argumentos oficiales

El DHS sostuvo que las políticas operativas de la administración anterior priorizaron el volumen y la rapidez de las admisiones por encima de la calidad de las evaluaciones. Según el gobierno, ese enfoque derivó en aprobaciones sin verificaciones exhaustivas de identidad y en la omisión de preguntas clave sobre antecedentes de violencia, vínculos con grupos armados o violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades federales también señalaron que la creación del Centro de Verificación del Uscis y el despliegue de iniciativas de fiscalización como la Operación PARRIS sacaron a la luz “irregularidades sustanciales en miles de expedientes”. Entre las anomalías detectadas mencionaron la omisión de afiliaciones a organizaciones calificadas como terroristas, la falsificación de lazos familiares y declaraciones contradictorias sobre el historial personal.

Para el gobierno, otorgar un plazo extendido de 30 días permitía que personas inelegibles o que representan un riesgo potencial siguieran disfrutando indebidamente de la residencia y de beneficios en territorio estadounidense.

A quiénes alcanza y qué riesgos implica

La medida impacta directamente en los refugiados que residen en Estados Unidos y que todavía no ajustaron su condición a la de residentes permanentes legales (LPR). Los datos oficiales citados en el documento indican que hay cerca de 186 mil casos de refugiados admitidos entre los años fiscales 2015 y 2025 que permanecen bajo este estatus provisional y podrían quedar sujetos a revisiones de antecedentes.

La pérdida del estatus trae aparejada la terminación inmediata de la autorización de empleo (EAD), lo que recorta en al menos 20 días la capacidad de los afectados para trabajar legalmente mientras se resuelve su expediente.

Si bien el DHS afirma que la norma mantiene canales para que los refugiados legítimos presenten sus alegatos, la reducción del tiempo para reunir pruebas documentales o conseguir representación legal representa un desafío operativo significativo para los notificados.

Quienes pierdan su estatus podrán solicitar otras formas de protección o alivio migratorio, pero exclusivamente ante un juez de inmigración durante el juicio de remoción.