El dinero que busca a los bosques de Misiones: qué pidieron los bancos en Puerto Iguazú

Especialistas internacionales de la banca, la ONU y el mercado de capitales se reunieron en Puerto Iguazú para analizar cómo vincular la conservación de la naturaleza con las estructuras financieras tradicionales. La conclusión central: sin datos verificados de impacto, no hay financiamiento de largo plazo para la biodiversidad ni para la industria forestal.

El II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC® América Latina se presentó el miércoles 9 de septiembre en el Hotel Village Cataratas, en plena ecorregión del Bosque Atlántico, organizado por FSC Latinoamérica, FSC Argentina y FSC Brasil bajo la consigna «Del impacto medido al impacto financiado». El encuentro reunió a más de 120 líderes y expertos del sector financiero, organismos internacionales, empresas, gobiernos, la academia y comunidades locales.

El segundo bloque del foro, titulado «Financiación para la conservación de la naturaleza: su importancia y beneficios para los financiadores», puso el foco en una pregunta que desafía a los mercados: ¿cómo conseguir financiamiento continuo para sostener la conservación? El panel internacional estuvo integrado por Alan Gómez, Global Banking Lead y líder para América Latina y el Caribe en el Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD); Steve Edwards, Asesor Sénior de Mercados y Finanzas de Servicios Ecosistémicos en FSC Internacional; María Sosa Taborda, representante de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA Finanzas); Julián Costabile, consultor en Sostenibilidad y Finanzas Sostenibles de SMS Sustainability; y Ernesto Herrera Guerra, integrante de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN. La moderación estuvo a cargo de Elena Gangenova, investigadora de CEIBA Iguazú.

La naturaleza entra en el balance

Alan Gómez explicó que la naturaleza siempre fue parte del contexto en el que operan empresas e instituciones financieras, pero que la comprensión del sistema financiero sobre los riesgos relacionados con el clima y la naturaleza evolucionó al ritmo de las inversiones responsables. Recordó que esas raíces se rastrean hasta el siglo XVIII y que en términos contemporáneos hubo un desarrollo desde los años 2000 con los Principios para la Inversión Responsable (PRI).

Identificó como punto de inflexión la preocupación de los inversionistas hacia los bancos centrales y el Financial Stability Board alrededor de 2015, que derivó en la creación del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). A partir de ahí se avanzó en comprender los riesgos físicos derivados del clima y de la naturaleza, y los riesgos de transición vinculados a cambios regulatorios, tecnológicos, de mercado y de tendencias que afectan los modelos de negocio.

Gómez mencionó un informe publicado en 2025 por el TNFD, la Universidad de Oxford y Global Canopy, basado en más de 600 pruebas de 360 fuentes globales, que demuestra que los eventos climáticos y la pérdida de ecosistemas generan impactos económicos directos y sistémicos en los balances corporativos. «Se demuestra que, si bien los riesgos relacionados con la naturaleza aún no se evalúan ni se divulgan de forma sistemática como relevantes desde el punto de vista financiero, la evidencia de sus efectos financieros en las empresas y la economía es extensa, y que la información sobre estos riesgos es importante para los inversores», señaló.

«Por lo tanto, hay riesgos, y esto no es un tema político, es una realidad para las empresas y los sistemas financieros. Está comprobado. No depende que me guste o no el tema, ni de la política. Mi negocio, siendo prácticos, puede tener un impacto financiero que en definitiva podrá ser positivo o negativo. Pero de ahí partimos. Esa también es la oportunidad del portafolio del banco sobre negocios basados en la naturaleza, sea por abordar la pérdida de biodiversidad, el riesgo climático, etcétera», dijo Gómez durante el panel.

El marco TNFD definió 14 recomendaciones estructuradas en cuatro pilares: gobierno corporativo, gestión de riesgos, estrategia de negocios y métricas de reporte. Más de 700 empresas están adheridas globalmente al TCFD, mientras que Argentina aún no registra corporaciones sumadas. La apuesta es traducir el lenguaje ambiental a la lógica bancaria: la verificación técnica de datos reduce los riesgos financieros y habilita nuevas oportunidades de portafolio en negocios basados en la naturaleza.

Regulación, clima y biodiversidad

María Sosa Taborda, desde PNUMA Finanzas, destacó que las normativas financieras globales y regionales están empujando a los bancos a incorporar análisis de estrés en sus portafolios para evaluar pérdidas potenciales por riesgos socioambientales. Según encuestas recientes, el interés de los mercados por la biodiversidad superó en la agenda al tema puramente climático, con un alto apetito por financiar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN).

Sin embargo, remarcó que las SBN deben ser rentables e incluir indicadores claros —producción libre de deforestación, metas de agroforestería o bioeconomía— y contar con garantías que atenúen el riesgo de la banca privada. Citó como modelo la experiencia de 10 bancos en Brasil dedicados a captar estos negocios.

Steve Edwards, de FSC Internacional, advirtió sobre el peligro de desvincular la crisis climática de la pérdida de biodiversidad. Señaló que los eventos extremos observados en Europa, como sequías severas y alteración de cuencas hídricas, demuestran que ambos fenómenos son parte de una misma problemática. Subrayó la urgencia de visibilizar la degradación de ecosistemas en los bosques —un impacto que muchas veces no se percibe hasta que resulta irreversible— y recomendó comunicar la conservación como un paquete integrado de regulación y oferta comercial para simplificar la toma de decisiones financieras.

Lenguaje común e instrumentos para las pymes

Ernesto Herrera Guerra, de la UICN y exdirector general de Reforestación México (2002-2026), analizó el reto de unificar la comunicación entre la gobernanza territorial, los productores y los bancos. Señaló que los administradores forestales están saturados de estándares técnicos, por lo que es imprescindible traducir el Impacto Verificado (IV) del FSC a métricas que permitan al sector privado reportar sus dependencias y riesgos de naturaleza, respondiendo a exigencias globales como la Meta 15 del Marco Mundial de Biodiversidad.

En materia de instrumentos crediticios, Julián Costabile diferenció la lógica del financiamiento de corto plazo de la cobertura de costos de sustentabilidad, que requieren horizontes extendidos. «Debemos entender la perspectiva del financiamiento en función del plazo de pago y no solo de quién financia. Cubrir un costo de sustentabilidad exige plazos extendidos, ya que sus efectos en el negocio se consolidan en el tiempo y difieren radicalmente de las necesidades operativas de corto plazo. Para responder a este desafío, el mercado global ofrece instrumentos de finanzas sostenibles como los bonos verdes o los bonos vinculados a la sostenibilidad, títulos de deuda que permiten a las empresas salir al mercado de capitales a fondear de manera eficiente sus compromisos ambientales», precisó.

Costabile citó emisiones históricas de bonos sostenibles de grandes corporaciones regionales como Arauco —que colocó cerca de USD 800 millones a 32 años en 2025—, CMPC y Suzano. Remarcó que contar con datos validados mediante la certificación FSC de Servicios Ecosistémicos es una condición indispensable para demostrar la trazabilidad del impacto frente al inversor internacional.

Concluyó que la inserción de las empresas argentinas en las cadenas globales exige transparentar el origen sustentable de su materia prima, y que el gran reto del sector radica en crear incentivos fiscales e instrumentos financieros accesibles para que las pequeñas y medianas empresas forestales puedan estructurar su captura de carbono y acceder al mercado crediticio en iguales condiciones.

La consolidación de esquemas de financiamiento vinculados al impacto ambiental verificado representa un paso estratégico para fortalecer la rentabilidad y la resiliencia de la industria foresto-industrial en la Argentina, América Latina y el mundo. Al alinear las métricas de conservación con las exigencias de gestión de riesgos de la banca y el mercado de capitales, los propietarios de bosques obtienen una vía concreta para monetizar los servicios ecosistémicos de sus tierras.